Ante el avance imparable de la criminalidad en Perú, ciudadanos de costa, sierra y selva han comenzado a organizarse por cuenta propia. Juntas vecinales, rondas campesinas y guardias indígenas actúan en sus territorios ante la inacción del Estado. Lo hacen sin presupuesto, sin reconocimiento legal y, en muchos casos, sin el mínimo respaldo institucional.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 27,1% de los ciudadanos en la costa, el 29,6% en la sierra y el 21,8% en la selva han sido víctimas de delitos en 2025. Estas cifras —que ahora incluyen también intentos de extorsión— retratan un país desbordado, donde la respuesta del Gobierno es insuficiente o, en muchos casos, inexistente.
En el distrito limeño de Comas, vecinos han decidido organizarse para frenar los delitos que los afectan a diario. Jorge Acosta, representante de una de las juntas vecinales, señaló que se han constituido como un voluntariado permanente, con rondas mixtas junto a la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Somos vecinos que queremos vivir seguros. No tenemos cómo enfrentar al sicariato, pero sí prevenir delitos con presencia organizada”, sostuvo Acosta. Sin embargo, denunció que no reciben apoyo real del Gobierno local: “Todo sale de nuestros bolsillos, no hay ni un bono, ni logística, ni respaldo”.
Según cifras del Ministerio del Interior, hasta la fecha se han registrado 267.551 denuncias en Lima Metropolitana por crímenes. Solo en Comas se reportan 5.395 casos de delitos contra el patrimonio.
El colectivo vecinal solicita al Gobierno que se reconozca su labor con medidas concretas: un bono de gratitud, equipamiento básico y reconocimiento oficial como organización de interés público. “El 80% del presupuesto en seguridad va a la PNP. ¿Y nosotros qué? Aquí hay personas de 50 años arriesgando la vida”, afirmó Acosta.
Además, exigen transparencia sobre el uso del presupuesto municipal en seguridad. Acusan a las autoridades locales de invisibilizar su trabajo y subestimar la violencia que enfrentan a diario. “Sin respaldo del Estado, somos los más vulnerables. Las charlas, los volantes, las caminatas, todo lo financiamos nosotros. Esa es la realidad”, concluyó.
En la sierra norte del país, las rondas campesinas son el escudo social más antiguo contra la delincuencia. Roger Sandoval Gaitán, presidente de la Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad, recordó que su organización funciona desde 1976 y jamás ha sido financiada por el Estado.
“Nadie nos da nada. Hemos defendido nuestras tierras, erradicado delitos y resuelto conflictos durante casi 50 años. No permitimos que esto se convierta en tierra de nadie”, declaró Sandoval.
Estas rondas resuelven disputas, vigilan comunidades y enfrentan el crimen organizado. A pesar de su historia y efectividad, no cuentan con soporte jurídico ni presupuesto nacional. “Solo exigimos respeto y garantías para nuestra labor. No pedimos privilegios, pedimos justicia”, afirmó el dirigente.
En la Amazonía, las guardias indígenas también enfrentan amenazas, muchas veces vinculadas a mafias del narcotráfico o tala ilegal. Aunque su testimonio no se incluye en esta edición, representantes indígenas han manifestado en múltiples ocasiones que el Estado solo aparece tras la tragedia, no para prevenirla.
