Un profundo malestar se ha extendido en el sector de hidrocarburos debido al manejo de Perú-Petro del caso Altamesa Energy Perú, la antigua socia de Petro-Perú en el desarrollo del Lote 192 en Loreto. A principios de este año, Altamesa generó controversia al abandonar abruptamente el proyecto tras declararse en insolvencia. Esta situación se suma a la ya compleja realidad del sector, marcado por la fluctuación de los precios internacionales del petróleo y los desafíos de la exploración en la Amazonía.
Según la investigación publicada por El Comercio, la controversia se centra en la decisión de la agencia de hidrocarburos de eximir a la petrolera canadiense de las penalidades derivadas de su incumplimiento contractual, incluyendo la no ejecución de su fianza bancaria por US$26,3 millones.
La estrategia implementada por Perú-Petro implica la designación de Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa, transfiriéndole todos sus pasivos y obligaciones. Esta medida ha generado fuertes críticas, dado que Altamesa podría retirarse del país sin enfrentar consecuencias por su conducta, incluyendo el abandono de sus trabajadores y una deuda de más de US$33 millones a proveedores locales y comunales. El Lote 192, ubicado en una zona de alta sensibilidad ambiental y social, ha sido objeto de controversias previas debido a los impactos de la actividad petrolera en las comunidades indígenas.
Un elemento central de la controversia es la existencia de un informe legal solicitado por Perú-Petro al estudio Fernández Heraud & Sánchez, que establece que Petro-Perú no puede ser garante corporativo de Altamesa. El informe, al que tuvo acceso este Diario, argumenta que Petro-Perú, en su calidad de contratista, es un deudor solidariamente responsable junto con Altamesa por los incumplimientos del contrato de licencia. Esto implica que ambas empresas son consideradas como un solo contratista frente al Estado y a Perú-Petro, y no responden de manera independiente por sus obligaciones contractuales. Por lo tanto, el informe concluye que Petro-Perú no puede ser garante corporativo de sí mismo, y que Perú-Petro tiene la facultad de ejecutar la fianza bancaria y resolver el contrato del Lote 192.
Sin embargo, Perú-Petro ha optado por seguir el parecer de un segundo estudio de abogados, Legal Partners, que sí justifica la designación de Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa. Las fuentes consultadas indican que este segundo estudio fue “sugerido por Petro-Perú”. La justificación detrás de la decisión de Perú-Petro, según una nota de prensa emitida por la entidad, reside en el “estricto cumplimiento del Reglamento de Calificación (D.S N° 029-2021-EM)”. La entidad además asevera que la Contraloría General de la República supervisa constantemente sus procesos y que la garantía corporativa de Altamesa sigue vigente, al igual que las fianzas que respaldan el programa mínimo de trabajo del Lote 192.
Mientras tanto, la posible sucesora de Altamesa, la empresa peruana Upland Oil & Gas, ha iniciado su proceso de calificación ante Perú-Petro. No obstante, especialistas consultados para este reportaje señalan que Altamesa ya ha abandonado el país sin la autorización de Perú-Petro, cerrando sus oficinas y despidiendo a su personal hace varios meses. La salida de Altamesa y la incertidumbre sobre el futuro del Lote 192 podrían afectar la producción nacional de petróleo, que ya se encuentra en niveles bajos en comparación con décadas anteriores. La situación también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales del país.
Finalmente, Perú-Petro indica que la transferencia de los pasivos y obligaciones de Altamesa a Petro-Perú aún requiere la aprobación mediante un Decreto Supremo por parte del Poder Ejecutivo. La demora en este proceso genera aún más incertidumbre sobre el futuro del Lote 192 y las responsabilidades financieras que asumirá Petro-Perú. Este caso pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de supervisión y control en el sector hidrocarburos para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar la protección de los intereses del Estado y de las comunidades locales.
