La reforma constitucional propuesta por congresistas de Perú Libre ha generado un terremoto político y jurídico, al plantear la destitución de la totalidad de los fiscales supremos, incluyendo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta iniciativa surge en un momento de alta tensión, marcado por el intento fallido de Patricia Benavides de retomar su cargo tras una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que buscaba revertir su remoción. La propuesta de Perú Libre aviva el debate sobre la independencia del Ministerio Público y su rol en la lucha contra la corrupción, un tema recurrente en la agenda política peruana.
Según la investigación publicada por El Comercio, la iniciativa legislativa fue presentada el 19 de junio desde el despacho del congresista Américo Gonza, contando con el respaldo de otros miembros destacados de Perú Libre, entre ellos Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento.
La propuesta central de Perú Libre busca una “reorganización del Ministerio Público”, estableciendo disposiciones que implican la destitución del actual Fiscal de la Nación y de todos los fiscales supremos, tanto titulares como adjuntos y provisionales. Dicha medida, de aprobarse, implicaría una renovación radical de la cúpula fiscal en un momento particularmente sensible para la institucionalidad del país.
Como alternativa, el proyecto de ley sugiere que la JNJ convoque a un concurso público abierto para seleccionar a los nuevos fiscales que integrarían una “Junta Transitoria de Fiscales Supremos”, conformada por siete miembros. Esta junta tendría la responsabilidad de elegir, entre sus integrantes, a un Fiscal de la Nación transitorio, quien asumiría las funciones y atribuciones inherentes al cargo.
Además de lo anterior, la propuesta de Perú Libre establece que esta Junta Transitoria tendría un mandato específico: la elaboración y entrega al Congreso de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva ley de carrera fiscal. Estos instrumentos legales, según la iniciativa, buscarían modernizar y fortalecer la institución, garantizando su independencia y eficiencia en la persecución del delito.
Perú Libre propone que los fiscales supremos transitorios se mantengan en sus cargos hasta la promulgación de las leyes que ellos mismos hayan propuesto. Este punto ha generado controversia, pues se argumenta que podría generar una situación de conflicto de interés, al ser los mismos fiscales quienes definan las reglas que regirán su desempeño.
Es importante señalar que otras fuerzas políticas, como Fuerza Popular, Renovación Popular, Honor y Democracia y la Bancada Socialista, han expresado su preocupación por la crisis que atraviesa el Ministerio Público y han manifestado su apoyo a una posible reforma integral de la institución. La necesidad de una reforma es compartida por diversos sectores, aunque difieren en cuanto al alcance y los mecanismos para llevarla a cabo.
