El Perú se encuentra atravesando una ola de criminalidad sin precedentes, según ha reconocido el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Durante una rueda de prensa realizada en El Agustino, Santiváñez afirmó que “en el Perú existe una ola criminal nunca antes vista”, un reconocimiento que ha encendido las alarmas de la sociedad peruana, ya que el país enfrenta cifras alarmantes de homicidios y actos de violencia. A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno de Dina Boluarte, la situación parece estar empeorando, afectando a millones de peruanos que sienten cómo la inseguridad ha invadido las calles.
El 2025 ha comenzado con cifras aterradoras: en los primeros 17 días del año, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) ha registrado un total de 79 homicidios. Las regiones más afectadas por estos asesinatos son Lima, con 21 homicidios; el Callao, con 8 casos; La Libertad, con 7; y otras regiones como Ica, Piura, Madre de Dios y Puno, que también reportan cifras preocupantes. Esta violencia refleja la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Un ministro con alto nivel de desaprobación
Juan José Santiváñez, a pesar de haber sido uno de los principales encargados de implementar políticas de seguridad, no ha logrado convencer a la mayoría de la población. Según la última encuesta de Ipsos, el ministro cuenta con un 78% de desaprobación, una cifra alarmante para cualquier funcionario público, especialmente para quien ocupa un cargo clave en la lucha contra el crimen organizado. En diciembre de 2024, el 80% de los peruanos pidió su salida del Ministerio del Interior, pero la presidenta Dina Boluarte ha decidido mantenerlo en su puesto, defendiendo su gestión y las decisiones de su gobierno en relación con la seguridad.
Sin embargo, el gobierno de Boluarte no ha logrado frenar el aumento de la criminalidad, y el respaldo a su administración sigue siendo muy bajo. Según los datos de Ipsos, solo el 5% de la población aprueba la gestión de la presidenta, un nivel de desaprobación que ha marcado un récord histórico en el país. “La ola criminal que vivimos es producto de una crisis de legitimidad y confianza en las instituciones”, afirmó un analista político, aludiendo a la creciente desconfianza de la población hacia los altos mandos políticos y gubernamentales.
Nuevas medidas: Plan de control territorial
Ante la escalada de violencia, el gobierno ha decidido implementar nuevas medidas bajo el nombre de “Plan de control territorial”, que tiene como objetivo mejorar la seguridad en las zonas más afectadas por la criminalidad. Según explicó Santiváñez, uno de los principales componentes de este plan será la “asimilación de 1,500 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes serán destinados a patrullar las calles de Lima y otras ciudades con altos índices de criminalidad”. Estos nuevos efectivos serán seleccionados entre aquellos que hayan cumplido con el servicio militar, lo que permitirá una rápida incorporación de personal al trabajo de patrullaje.
Además de la incorporación de más efectivos, el Plan de control territorial contempla la participación de diversas unidades operativas, como el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). Estas unidades especializadas trabajarán en conjunto para desarticular las bandas criminales que operan en la capital y en las provincias más afectadas.
Reforzamiento de los suministros logísticos
Otra de las medidas anunciadas por el Ministro del Interior es la declaración de emergencia de todos los suministros logísticos de la PNP. Esto incluirá la adquisición de nuevos equipos, como pistolas, fusiles y chalecos antibalas, para dotar de mejores herramientas a los efectivos de seguridad. Esta medida se toma en respuesta a la creciente violencia armada que azota al país, donde los delincuentes cada vez están mejor equipados.
También se han suscrito acuerdos con los gobiernos locales para reforzar la logística policial. Por ejemplo, la Municipalidad de El Agustino se ha comprometido a facilitar 14 camionetas para el transporte de los efectivos, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha acordado entregar 100 vehículos para mejorar la movilidad de los agentes en las zonas más conflictivas.
Desaprobación generalizada
El panorama político del país, sin embargo, no es alentador. La crisis de legitimidad en el gobierno de Dina Boluarte y su gabinete sigue siendo un factor importante en la desconfianza generalizada que sienten los ciudadanos hacia sus autoridades. Según la última encuesta de Ipsos, el 79% de la población desaprueba la gestión de Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, mientras que el 88% rechaza el trabajo del Congreso de la República. Esta cifra es un claro reflejo de la creciente desafección que los peruanos sienten hacia sus gobernantes.
Además, la imagen de la presidenta Boluarte es aún más desastrosa. “Su desaprobación ha aumentado significativamente, alcanzando solo un 5% de apoyo en las encuestas”, señaló un analista político. La falta de resultados tangibles en la lucha contra la criminalidad y la corrupción en el gobierno ha llevado a la opinión pública a cuestionar seriamente la eficacia de las autoridades.
Uno de los episodios que ha marcado negativamente la imagen del Congreso de la República fue el destape de una presunta red de prostitución que operaba en sus pasillos. Este escándalo ha generado un rechazo generalizado hacia los parlamentarios, especialmente hacia el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, cuyo trabajo es rechazado por el 78% de los encuestados.
Un país marcado por la inseguridad
El crecimiento de la violencia y la inseguridad en el país refleja la incapacidad del gobierno para enfrentar la problemática de fondo. Los ciudadanos sienten que las autoridades no están a la altura de las circunstancias, y la confianza en las instituciones ha alcanzado niveles mínimos. “Los ciudadanos ya no creen en la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad”, explicó un experto en seguridad. La frustración de la población sigue creciendo, ya que la criminalidad sigue aumentando sin que se vean medidas efectivas a largo plazo.
El impacto de la delincuencia en la vida diaria de los peruanos es cada vez más evidente. En las calles, la gente se siente insegura, y las víctimas de crímenes, como el sicariato y el robo a mano armada, se cuentan por miles. La capital, Lima, se ha convertido en el epicentro de esta ola de violencia, y las provincias también enfrentan altos índices de criminalidad.
La necesidad de una reforma en el sistema judicial
En medio de este panorama de inseguridad, el ministro Juan José Santiváñez también ha señalado que es urgente una reforma en el sistema judicial. “No es posible que los delincuentes sean liberados con tanta facilidad, lo que contribuye a la impunidad que estamos viviendo en el país,” afirmó el ministro en una reciente intervención. La lentitud de la justicia y la falta de recursos en los tribunales han sido factores que permiten que los criminales queden en libertad rápidamente, lo que genera un círculo vicioso de impunidad.
