Perú enfrenta una crisis silenciosa: más de 12.000 desaparecidos en solo siete meses

Entre enero y julio del 2025, 12.374 personas fueron reportadas como desaparecidas en el Perú, lo que equivale a 51 casos por día. La mayoría son mujeres (57,6%) y menores de edad (52%), según cifras oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol).
Aunque 6.463 personas fueron ubicadas, el drama continúa: 3.348 mujeres y 3.018 niños aún siguen sin aparecer. Incluso, 141 personas fueron encontradas sin vida. Lima, Cusco y Arequipa concentran la mayor cantidad de casos.
El caso de Carlos Alberto Tovar, ciudadano colombiano perdido desde enero cuando viajaba por Trujillo rumbo a Argentina, refleja la angustia de miles de familias. “Siete meses sin noticias suyas… No vamos a dejar de buscarlo”, dice su hermano Camilo, quien emprendió una búsqueda desesperada en nuestro país.
Especialistas advierten que el desinterés del Estado y la falta de un sistema eficiente de búsqueda agravan la situación, en especial para mujeres y adolescentes. “El retroceso de derechos ha incrementado la vulnerabilidad de las mujeres”, sostiene Liz Meléndez, del Centro Flora Tristán, que impulsa la campaña “Búscalas, no estamos todas”.
La Policía Nacional recalca que no es necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición, pero organizaciones como CHS Alternativo subrayan que las primeras 48 horas son clave para encontrar con vida a una persona.
Las cifras confirman la tendencia: en la última década las denuncias por desapariciones se multiplicaron por diez, pasando de dos casos diarios (2005-2007) a veinte (2021-2023). Hoy, la situación escala a niveles alarmantes.
Cabe precisar que la desaparición de personas se agrava por la edad, el nivel de desarrollo y madurez, por lo que niñas y adolescentes mujeres son más propensas a sufrir esta situación. Además, su vulnerabilidad se acrecienta y podría relacionarse con otras formas de violencia como la física, sexual o psicológica; o con delitos como la inducción a la fuga, secuestro, trata de personas e incluso feminicidio.
El otro inconveniente es metodológico. Fiscalías, comisarías, morgues, Registro Nacional de las Personas y Ministerio del Interior no tienen una única base de datos. Los casos y las motivaciones de cada uno de ellos son múltiples: hay desde secuestros planeados por redes de trata hasta accidentes, suicidios, cuadros psiquiátricos o fugas intencionales.
En todos los casos, el Estado no debe descuidar la búsqueda de ninguna persona desaparecida. Ante ello, si bien se han implementado recomendaciones desde diversos sectores, aún existen algunas pendientes que permitirán un mejor abordaje del problema.