Mientras Chile ha dado un paso decisivo para combatir las llamadas comerciales no solicitadas, en Perú la situación sigue sin resolverse. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) ha solicitado al Congreso que finalmente apruebe la tan esperada ley antispam, cuya discusión se ha postergado por más de dos años sin resultados concretos. La urgencia por regular esta problemática se acentúa en medio de un contexto en el que millones de peruanos reciben diariamente llamadas no deseadas, muchas de ellas con fines engañosos o fraudulentos.
Desde agosto de 2025, en Chile entrará en vigencia una nueva normativa que obliga a las empresas a utilizar números específicos, con prefijos identificables, para toda comunicación comercial. Esta medida busca brindar mayor transparencia, proteger la privacidad de los usuarios y reducir las estafas telefónicas que han proliferado en la región. Según Alejandro Delgado Tong para Infobae.
Chile lidera con nueva ley antispam
La legislación chilena establece que todas las llamadas comerciales deberán realizarse exclusivamente desde números con prefijo 800 o 900, o desde líneas fijas nacionales claramente identificables. De este modo, se impedirá que las empresas continúen utilizando números móviles indistinguibles, una práctica que ha confundido y molestado a los usuarios por años.
“Este cambio representa un avance clave para la protección del consumidor en el entorno digital”, señalaron autoridades del gobierno chileno.
La nueva norma también contempla la implementación de sistemas de bloqueo en origen para filtrar llamadas y mensajes sospechosos, especialmente aquellos que provienen de numeración falsa o no atribuida. Las empresas operadoras que no cumplan con estas exigencias podrán recibir sanciones económicas.
La legislación ha sido bien recibida por expertos y ciudadanos, y se alinea con prácticas ya adoptadas por países europeos, donde este tipo de regulaciones han permitido reducir significativamente los fraudes y abusos en el uso de telecomunicaciones con fines comerciales.
En Perú, la ley sigue “en el limbo”
A diferencia del panorama chileno, Perú sigue sin una ley efectiva que regule las llamadas spam. El dictamen legislativo que proponía medidas similares fue aprobado en el Congreso en 2022. Sin embargo, la propuesta fue observada en dos ocasiones por el Ejecutivo y, desde entonces, permanece estancada sin fecha clara de reactivación.
“Le siguen dando largas a la ley año tras año. Incluso la vez pasada nos sacaron la vuelta y metieron de contrabando una ‘o’ en lugar de la ‘y’ original, y cambiaron el sentido de la norma”, denunció Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, en declaraciones a Infobae Perú.
La organización ha renovado su pedido al Parlamento para que priorice el debate de este proyecto. Según Aspec, la norma debería obligar a las empresas a utilizar líneas telefónicas especiales y fácilmente identificables, además de establecer un procedimiento único para el contacto con consumidores.
“[Pedimos] someter al Pleno el proyecto de ley que regula las comunicaciones spam. La norma debe establecer un único procedimiento para que las empresas se comuniquen con los consumidores (…) y se propone que se asigne un número telefónico especial a los proveedores”, señaló Aspec en un comunicado reciente.
El impacto de las llamadas spam en la vida diaria
El problema del spam telefónico en Perú ha crecido sin control en los últimos años. A diario, miles de ciudadanos reciben múltiples llamadas que buscan promocionar productos financieros, ofertas de seguros, créditos o servicios que no han solicitado. Otras, más peligrosas, utilizan tácticas engañosas para obtener información personal, datos bancarios o directamente estafar a los receptores.
Crisólogo Cáceres advierte que los peruanos pueden llegar a recibir entre 15 y 25 llamadas spam por día, sin contar los mensajes SMS o correos electrónicos no deseados. Esta saturación no solo representa una molestia constante, sino una violación sistemática al derecho a la privacidad.
“Los ciudadanos no tienen actualmente ninguna herramienta legal para detener estas llamadas. No hay mecanismos efectivos de denuncia ni sistemas de protección”, enfatizó el titular de Aspec.
Aunque Indecopi y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales han recibido denuncias relacionadas a este tema, la respuesta institucional ha sido limitada debido a la ausencia de un marco legal integral que permita sancionar y prevenir estas prácticas.
Consecuencias de una normativa ausente
La falta de regulación no solo afecta a los usuarios individuales. También tiene implicancias a nivel macroeconómico y de seguridad digital. Las estafas telefónicas, que muchas veces comienzan con una simple llamada spam, forman parte de redes de criminalidad organizada que operan desde cárceles, call centers ilegales o incluso desde el extranjero.
Las autoridades han identificado que estos contactos pueden derivar en casos de extorsión, suplantación de identidad y fraudes bancarios, generando pérdidas económicas tanto para las víctimas como para el sistema financiero.
El impacto psicológico tampoco debe subestimarse. Muchos ciudadanos manifiestan una creciente sensación de agobio y ansiedad frente al sonido constante del teléfono. En algunos casos, las personas optan por apagar sus líneas o cambiar de número, lo que genera complicaciones personales y laborales.
Recomendaciones mientras no haya ley
Ante la ausencia de una ley clara, los expertos recomiendan tomar ciertas medidas para reducir la exposición al spam telefónico:
- No responder llamadas de números desconocidos o sospechosos.
- Utilizar aplicaciones móviles que identifican y bloquean llamadas no deseadas.
- Registrar los números molestos y reportarlos a las entidades competentes.
- Evitar compartir datos personales o financieros por teléfono, especialmente si la llamada no ha sido solicitada.
- Mantener actualizados los datos de contacto solo en plataformas oficiales o de confianza.
Algunas aplicaciones, como Truecaller, Hiya o CallApp, permiten identificar llamadas comerciales o fraudulentas y bloquearlas automáticamente. Sin embargo, su eficacia es limitada si no existe un respaldo institucional que respalde estas herramientas con sanciones reales.
¿Cuál es el siguiente paso en Perú?
Todo indica que la pelota está nuevamente en la cancha del Congreso. Tras las observaciones del Ejecutivo, corresponde al Parlamento reconsiderar el proyecto, ajustarlo si es necesario, y someterlo nuevamente a votación. Pero hasta el momento, no se ha establecido un cronograma para retomar este debate.
Aspec y otros colectivos de consumidores planean nuevas campañas para presionar al Legislativo a actuar con celeridad. En tanto, la ciudadanía continúa expuesta a un problema que, aunque parezca menor, representa un claro síntoma del déficit en la protección de los derechos digitales en el Perú.
