Un hecho cotidiano se convirtió en el inicio de una tragedia. El periodista Gabriel González, miembro del equipo de prensa del partido opositor Vente Venezuela, salió a comprar su almuerzo en Caracas el 18 de junio de 2024 y nunca regresó. Desde ese día permanece detenido en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida internacionalmente por ser un centro de reclusión denunciado por torturas y tratos inhumanos.
Arresto arbitrario y persecución
De acuerdo con la denuncia de la líder opositora María Corina Machado y del entorno del periodista, González fue interceptado sin orden judicial y trasladado directamente al Sebin. Su captura se produjo apenas un mes antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, lo que refuerza las sospechas de un arresto político.
La detención de González ha sido calificada como desaparición forzada durante las primeras semanas, pues las autoridades no reconocían su paradero. Organizaciones de derechos humanos han advertido que su confinamiento carece de sustento legal y constituye una violación grave al derecho a la libertad de expresión.
14 meses en un centro denunciado por torturas
El Helicoide, donde permanece el periodista, es señalado en múltiples informes internacionales como un centro de reclusión donde se practican torturas sistemáticas contra opositores políticos y detenidos arbitrarios. Diversas ONG, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón, han exigido la liberación inmediata de González, recordando que su caso refleja la situación de cientos de venezolanos privados de libertad por motivos políticos.
Contexto de represión creciente
El caso de Gabriel González no es aislado. Según la ONG Espacio Público, en 2024 se registraron 619 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, un incremento del 61 % respecto al 2023. Del total, 99 personas fueron arrestadas, entre ellas 24 periodistas y trabajadores de medios.
Asimismo, un informe adicional advierte que las detenciones vinculadas a la libertad de prensa aumentaron en un 253,5 % en 2024, lo que demuestra la escalada represiva del régimen de Nicolás Maduro contra voces críticas.
Clamor por justicia
La familia de Gabriel González, junto a gremios periodísticos y organizaciones internacionales, insisten en su liberación inmediata. “No hay justificación legal para que siga preso. Su único delito fue informar y trabajar en un equipo de comunicación política”, denunció recientemente Vente Venezuela.
Mientras tanto, Gabriel González sigue privado de libertad desde hace más de un año, convertido en un símbolo del costo de ejercer el periodismo en Venezuela, donde el derecho a la verdad y a la información se encuentra cada vez más amenazado.
