Una comunicadora social afirmó haber sido agredida físicamente por personal del evento cultural “Viva Huánuco Fest 2025” mientras realizaba labores periodísticas. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del complejo de Paucarbamba, cuando intentaba registrar imágenes de la descarga de materiales en el lugar. La denunciante indicó que las agresiones incluyeron empujones, patadas e intentos de arrebatarle el teléfono móvil con el que grababa la actividad.
La periodista, que también ejerce la abogacía, aseguró que el incidente constituye un atentado contra la libertad de prensa, derecho que —de acuerdo con la Constitución Política— garantiza la libertad de información y opinión. La comunicadora presentó su denuncia en la comisaría de Amarilis y, posteriormente, acudió a la Prefectura Regional para solicitar garantías personales.
Testimonio detalla secuencia de los hechos
La denunciante señaló que la mañana del incidente se encontraba camino a su programa radial, cuando observó la salida de cajas desde el complejo de Paucarbamba. Más tarde, al regresar a la zona, volvió a registrar en video el movimiento de materiales, lo que —según afirma— motivó que tres mujeres la abordaran para impedir la grabación.
De acuerdo con su versión, dos de ellas la agredieron físicamente y una tercera intentó arrebatarle su teléfono. La comunicadora relató que pidió auxilio en la vía pública y fue auxiliada por vecinos, momento en el cual las presuntas agresoras se retiraron del lugar.
La periodista declaró que no recibió información oficial sobre la naturaleza de la actividad en curso y que, al solicitar explicaciones, recibió únicamente exigencias para interrumpir la grabación. La institución organizadora del evento no había emitido comentarios hasta el cierre de esta edición.
Según indicó la denunciante, en la dependencia policial únicamente se le entregó un oficio para el examen de medicina legal, sin incluir la evaluación psicológica ni copia de la denuncia, alegándose la falta de sistema y de insumos para impresión. Ante esta situación, acudió a la Prefectura Regional para formalizar la solicitud de garantías personales.
La comunicadora afirmó haber identificado a dos de las presuntas agresoras, mientras que la tercera no figura en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener su identidad. Asimismo, indicó que conserva el registro audiovisual de los hechos, transmitido en vivo durante la cobertura.
Reclamo por respeto a la labor periodística
La periodista reiteró que su presencia en el lugar respondía a la búsqueda de información sobre un evento que —según versiones que circulaban en redes sociales— generaba cuestionamientos en la comunidad. “Cumplía con mi función de informar con veracidad y objetividad”, expresó, añadiendo que no profirió ofensas ni realizó acciones que justificaran una agresión.
Organizaciones de prensa regionales manifestaron su preocupación por este caso y recordaron que la obstrucción o violencia contra periodistas durante el ejercicio de su labor está sancionada por la legislación vigente.
