La minería ilegal en la zona de Pataz, región de La Libertad, se ha convertido en un foco de violencia descontrolada. La reciente masacre de trece trabajadores mineros ha desatado una intensa búsqueda policial para identificar y capturar al presunto autor, un individuo conocido como Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’ o ‘Gatillo’. Este hecho, que ha conmocionado a la opinión pública, pone de manifiesto la urgencia de abordar la problemática de la minería ilegal en el país, donde la disputa por el control de los recursos naturales ha escalado a niveles alarmantes de criminalidad y derramamiento de sangre, afectando directamente la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.
Según la investigación publicada por El Comercio, la policía tiene en la mira a Rodríguez Díaz, quien habría huido a Colombia poco después del hallazgo de los cadáveres. Este suceso ha generado un cruce de acusaciones entre el gobierno y el Ministerio Público, evidenciando la complejidad del sistema judicial y la necesidad de una mayor coordinación para combatir la delincuencia organizada ligada a la extracción ilegal de minerales.
Los antecedentes de ‘Cuchillo’ revelan un historial delictivo que se remonta al año 2014, cuando fue arrestado en Trujillo por asalto y extorsión, portando armamento y explosivos. Su posterior vinculación con la banda “La Gran Alianza”, liderada por Josué Oliver Blas Lezama, alias ‘Gato Cote’, lo introdujo de lleno en el mundo de la minería ilegal. Tras el asesinato de ‘Emiliacho’, quien fuera el brazo armado de la banda, ‘Cuchillo’ ascendió rápidamente en la organización, consolidando su poder en la zona de Pataz.
En el año 2023, en un contexto de auge de la minería ilegal, ‘Cuchillo’ intensificó sus actividades criminales, siendo señalado como responsable del asesinato de tres miembros de las rondas campesinas de La Libertad. A pesar de ser capturado en Casma tras un atentado contra torres de alta tensión de la empresa minera Poderosa, fue liberado poco después debido a inconsistencias en la acusación policial, lo que generó controversia y críticas hacia el sistema judicial.
El asesinato de diez trabajadores de la compañía Poderosa también se le atribuye a ‘Cuchillo’, lo que agrava aún más su historial delictivo. La salida del país de Rodríguez Díaz, con destino a Colombia, se produjo justo después del descubrimiento de la masacre, lo que incrementó las sospechas sobre su participación en el crimen. Las autoridades colombianas confirmaron su ingreso, aunque señalaron que no existía ninguna orden de captura en su contra al momento de su arribo.
La polémica liberación de ‘Cuchillo’ en Casma en 2023 se debió a que, tras las pericias realizadas al armamento incautado, se determinó que el revólver estaba inoperativo y la granada carecía de los dispositivos de detonación. Además, se argumentó que no existía una investigación abierta ni una orden de captura en su contra por la matanza en la minera Poderosa, lo que permitió que enfrentara la investigación en libertad, generando un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y el Ministerio Público.
Ante la situación, expertos en política internacional sugieren que la vía más rápida para poner a ‘Cuchillo’ a disposición de las autoridades peruanas sería la expulsión del territorio colombiano y su entrega en la frontera, aprovechando los acuerdos bilaterales existentes entre ambos países en materia de lucha contra el crimen organizado. Esta opción, según los especialistas, evitaría los largos trámites que implica un proceso de extradición, permitiendo una respuesta más ágil y efectiva ante la gravedad de los hechos ocurridos en Pataz.
