La corrupción, un flagelo que históricamente ha afectado a las instituciones peruanas, vuelve a sacudir el espectro político con la reciente denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso. Esta acción legal apunta directamente al expresidente Pedro Castillo, así como a sus exministros Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos), imputándoles el delito de cohecho pasivo y vinculándolos a una trama de sobornos en el Fondo MiVivienda (FMV) durante la administración castillista. La acusación formal se produce en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política, exacerbada por una serie de escándalos que han erosionado la credibilidad de las instituciones democráticas.
Según la investigación publicada por El Comercio, la denuncia se sustenta en la presunta solicitud de dinero que Pedro Castillo habría realizado a Geiner Alvarado, con el objetivo de asegurar su permanencia en el cargo de Ministro de Vivienda. Alvarado ocupó este puesto desde el inicio del gobierno de Castillo hasta agosto de 2022, momento en que asumió como Ministro de Transportes y Comunicaciones, cargo del que fue posteriormente censurado.
La fiscalía atribuye a Castillo la realización de estas solicitudes de dinero en al menos cinco ocasiones, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. En total, se estima que Alvarado habría entregado personalmente al mandatario S/ 1,550,000, mientras que otros S/ 1,980,000 habrían sido canalizados a través del exasesor ministerial Salatiel Marrufo hacia familiares del expresidente. Castillo, por su parte, ha negado rotundamente estas acusaciones. En cuanto a Alvarado, se le imputa haber solicitado pagos a la empresaria Sada Goray, representante del conglomerado Markagroup, a través de Marrufo, quien ahora colabora con el Ministerio Público. Este requerimiento se habría realizado a cambio del reemplazo del presidente y de los miembros del directorio del Fondo Mivivienda, donde Goray tenía importantes intereses económicos. La fiscalía también señala que Alvarado se habría beneficiado con S/ 376 millones asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Vivienda para programas del FMV. La defensa legal de Alvarado rechaza tajantemente todas las imputaciones.
Por otro lado, Félix Chero es acusado de haber solicitado dinero a Geiner Alvarado a cambio de influir en el reemplazo del titular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), una gestión que habría sido solicitada por Alvarado a Castillo. Chero también ha rechazado estas acusaciones. La denuncia constitucional es el resultado de una investigación preliminar iniciada por la Fiscal de la Nación el 7 de diciembre de 2022. Tras concluir esta fase, el Ministerio Público solicita al Congreso la aprobación de la denuncia para proceder con el levantamiento del antejuicio de los tres exfuncionarios involucrados.
La aprobación de la denuncia permitiría al Ministerio Público continuar con la investigación, iniciar un proceso judicial ante la Corte Suprema y, eventualmente, llevar a los acusados a juicio. La celeridad de este proceso dependerá de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Según las declaraciones de Salatiel Marrufo y Sada Goray, esta última acordó pagar a Marrufo una coima de S/ 4 millones. La fiscalía recoge en su denuncia constitucional esta versión, aunque Marrufo asegura que los pagos ascendieron a S/ 5.4 millones. El acuerdo se habría concretado en agosto de 2021, poco después del inicio de las gestiones de Castillo y Alvarado.
Durante una reunión en un departamento del periodista Mauricio Fernandini, Goray habría solicitado el cambio del presidente y de los directores del FMV para facilitar la aprobación de un convenio entre Marka Group y la entidad, lo que permitiría a la empresa otorgar créditos hipotecarios para la adquisición de inmuebles de MiVivienda en sus proyectos. Para la fiscalía, Marrufo intervino en esta reunión a nombre de Alvarado para solicitar el pago de los S/ 4 millones, a lo que Goray accedió. La fiscalía sostiene que el trato se cumplió: Goray realizó los pagos y Alvarado gestionó el cambio de las cabezas del FMV a través de oficios enviados al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Estos hechos fueron investigados inicialmente por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que contó con las confesiones de Goray, Marrufo y otros delatores. Sin embargo, el Eficcop no tenía la facultad de investigar a Alvarado debido a su antejuicio como exministro, por lo que el caso fue derivado a la Fiscalía de la Nación.
