El expresidente Pedro Castillo seguirá cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, donde permanece detenido desde diciembre de 2022 tras ser acusado de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública por el intento de autogolpe. El Poder Judicial declaró infundado el recurso que solicitaba la revisión de su medida preventiva, argumentando que aún persiste un elevado riesgo de fuga.
Según informe de Narda Saavedra para portal La República, la decisión fue tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por el juez Juan Carlos Checkley Soria, quien también afirmó que no existen nuevos elementos que justifiquen levantar la medida impuesta inicialmente por 18 meses, y luego extendida por un periodo similar en julio de 2024.
En una resolución anterior, el Poder Judicial explicó las razones que sustentan la posible fuga de Castillo. “La forma y circunstancias de la detención en flagrancia […] confirman esta voluntad de alejarse de la justicia penal, más allá de que, tras la detención y prisión preventiva, se indique oficialmente que no se recibió solicitud de asilo por el propio encausado”, indicó la instancia judicial. Según la resolución de julio, se ha desestimado cualquier recurso defensivo al respecto, dada la gravedad de las acusaciones y el tiempo que tomará el proceso.
Proceso Judicial y Etapa de Control de Acusación
Castillo cumple prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022, cuando, tras anunciar el cierre del Congreso y la reorganización del sistema judicial, fue detenido en flagrancia por las fuerzas del orden. Actualmente, su caso se encuentra en la etapa de control de acusación, en la cual el juez Checkley evalúa los cargos presentados por la Fiscalía y las pruebas de la defensa. Esta fase es determinante, pues de su resolución depende si el caso pasa a juicio. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo, en respuesta a los cargos que enfrenta.
Pedro Castillo Continúa Proclamándose Presidente desde la Cárcel
Desde su reclusión en Barbadillo, Castillo ha mantenido su postura de considerarse el presidente legítimo del Perú, denunciando supuestos abusos de autoridad y un proceso que él califica como arbitrario. “He sido elegido presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente, conducido a la prefectura y luego a una carceleta. Hoy estoy en el penal de Barbadillo, resistiendo en todo caso un abuso de autoridad, toda vez que no se ha respetado el debido proceso”, afirmó en una audiencia realizada en julio, cuando alegó que su detención fue sin previo aviso ni notificación.
La situación de Castillo sigue siendo un tema polémico y divisivo en la política peruana, pues el expresidente aún cuenta con el respaldo de algunos seguidores que consideran ilegítima su detención, mientras que la mayoría del Congreso y las instituciones judiciales sostienen la necesidad de mantener la medida para preservar la justicia y evitar el riesgo de fuga.
