Durante la audiencia del 11 de septiembre por el juicio oral en su contra, el expresidente Pedro Castillo protagonizó una protesta frente al tribunal. Al momento de la acreditación, el exmandatario levantó un cartel en alusión al Código Penal y cuestionó duramente al Ministerio Público por, según dijo, no haber presentado pruebas que lo vinculen con el presunto delito de rebelión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
“Señores jueces, con todo respeto, a mí se me imputa el artículo 346 del Código Penal. Más de 60 audiencias, 60 sesiones. Quiero dirigirme al Ministerio Público para que, de una vez, exhiba o en todo caso haga público las armas que usé el 7 de diciembre, al menos una pistolita de agua siquiera, pero al menos eso es lo que queremos saber”, expresó ante la sala.
Castillo insiste en que la Fiscalía no ha podido probar que él se levantó en armas para quebrar el orden constitucional. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene firme su acusación y ha solicitado 34 años de cárcel, además de tres años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos. También pide el pago de una reparación civil superior a los S/64 millones.
Un exmandatario aún con apoyo político
Mientras avanza el proceso judicial, Castillo continúa recibiendo un alto número de visitas en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva. Según un informe del dominical Punto Final, el exjefe de Estado llega a recibir hasta 10 personas en un solo día, entre parlamentarios, exministros y familiares.
En los últimos doce meses, el congresista Roberto Sánchez lo visitó en 28 ocasiones. Otros legisladores como Alfredo Pariona, Pasión Dávila y Luz Apolinario también acudieron reiteradamente al penal. Entre los exministros más frecuentes figura Walter Ayala, extitular de Defensa, quien habría visitado a Castillo hasta en 75 oportunidades.
De igual manera, lo han visitado Iber Maraví (exministro de Trabajo), Hernando Cevallos (exministro de Salud), Anahí Durand (exministra de la Mujer) y Roberto Barranzuela (exministro del Interior). Todas estas visitas, subrayó el informe, son legales y cuentan con la autorización correspondiente.
