Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) a la “Adquisición de canilleras antimotín”, aprobada durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, reporta una “situación adversa” que podría afectar “los objetivos del contrato”, es decir: no proteger a los agentes.
Contracorriente reveló que la CGR detectó que la empresa elegida para revisar la idoneidad de los equipos, Industrial Inspection Service SAC, no cuenta con la acreditación del Inacal “ni tiene la competencia técnica para certificar las pruebas exigidas en el contrato, situación que generaría incertidumbre en la calidad de los bienes adquiridos con el riesgo de no brindar protección al personal policial”.
El informe de la Contraloría sostuvo que los implementos presentan una situación adversa que podría afectar “los objetivos del contrato”, es decir: no proteger a los agentes.
