El Consejo Regional de Huánuco ha programado para su próxima sesión la evaluación del pedido del Gobierno Regional para declarar en estado de emergencia la provincia de Puerto Inca, debido al avance sostenido de la minería ilegal en esa zona. La solicitud fue impulsada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales, encabezada por Vilma Vilcas Melchor. Advirtió sobre daños ambientales significativos que estarían afectando el ecosistema local.
Explicó que el pedido ya cuenta con un informe técnico sustentatorio, previamente entregado al Consejo Regional. No obstante, la funcionaria señaló que los consejeros han solicitado recibir nuevamente el documento, esta vez en formato digital y de manera individual, a fin de emitir un voto informado durante la deliberación.
De acuerdo con lo manifestado por Vilcas, la petición del Ejecutivo regional se basa en un enfoque estrictamente ambiental, aunque no se han detallado públicamente los elementos técnicos específicos que contiene el informe, ni los indicadores del supuesto deterioro ambiental en la provincia.
La gerenta regional sostuvo que Puerto Inca es, según sus declaraciones, una de las provincias más afectadas por la minería ilegal en toda la región de Huánuco. En ese contexto, aseguró que el estado de emergencia permitiría tomar medidas más efectivas frente a esta actividad ilícita, aunque no precisó qué tipo de acciones operativas o normativas podrían ejecutarse bajo esa declaratoria.
Vilcas también informó que hace dos días se sostuvo una reunión entre diversas autoridades, incluyendo al gobernador regional, los alcaldes de Puerto Inca, Yuyapichis y Leoncio Prado, así como representantes del Ministerio Público y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En dicha cita, según indicó, se reiteró la urgencia de que el Consejo Regional apruebe el pedido en la siguiente sesión ordinaria.
Falta de claridad sobre medidas concretas y alcances de la emergencia
Uno de los puntos aún no esclarecidos por el Gobierno Regional es el tipo de intervención que se implementaría en Puerto Inca si el estado de emergencia fuese aprobado. Vilcas no ofreció detalles sobre operativos, restricciones específicas ni acciones de mitigación ambiental, lo que deja abierta la interrogante sobre el alcance real de la medida propuesta.
Tampoco se han difundido cifras oficiales sobre la expansión de la minería ilegal en esa provincia, ni estudios de impacto ambiental recientes que sustenten con datos cuantitativos la gravedad de la situación. Aunque la funcionaria remarcó la necesidad de actuar con urgencia, el discurso se centró en términos generales sin acompañamiento de evidencia concreta disponible para revisión ciudadana o periodística.
Por otro lado, no se mencionaron mecanismos de protección para comunidades locales que podrían verse afectadas tanto por la minería ilegal como por eventuales restricciones bajo un estado de emergencia. La declaración, si se aprueba, podría tener implicancias en materia de seguridad, libertad de tránsito o intervención de fuerzas del orden, aspectos que no han sido aclarados por el Ejecutivo regional.
