El silencio de una autoridad municipal no solo interrumpe el flujo informativo, sino que fractura la confianza de 196,000 ciudadanos huanuqueños que demandan rendición de cuentas. Durante la última sesión de consejo, la regidora Patricia Luz Ramírez Vara protagonizó un incidente de evasión que se extendió por más de 3 minutos de persecución periodística. A pesar de percibir una dieta mensual que supera los S/2,400 por su labor fiscalizadora, la funcionaria se negó a detallar su avance en las comisiones que preside. Este hermetismo surge en un contexto donde la gestión del alcalde Antonio Jara enfrenta auditorías por un presupuesto anual superior a los S/80 millones. ¿Es el silencio una estrategia política o una incapacidad de gestión? La negativa a responder sobre su motivación para ocupar el cargo deja un vacío legal y ético que el Diario Ahora analiza hoy.
Evasión sistemática frente a la fiscalización ciudadana
La regidora Patricia Ramírez Vara evitó responder preguntas básicas durante 180 segundos de insistencia mediática tras concluir la sesión ordinaria. Al ser consultada sobre su labor en la Municipalidad Provincial de Huánuco, donde representa a más de 15,000 electores, la autoridad optó por el silencio absoluto. En 2026, la transparencia es una obligación estipulada en la Ley 27806, que exige a los funcionarios brindar información pública de manera proactiva. Sin embargo, Ramírez Vara se limitó a repetir “no le voy a dar una declaración” mientras se alejaba de los micrófonos. Este comportamiento ignora que cada regidor maneja una cuota de responsabilidad sobre el gasto corriente y los proyectos de inversión pública que este año superan los S/45 millones en infraestructura urbana.
Crisis de ética en la representación provincial
La ética pública se mide en la disposición al escrutinio, un estándar que Ramírez Vara vulneró al empujar el micrófono de la prensa. Al ser interrogada sobre qué la motivó a ser regidora en la gestión de Antonio Jara, la funcionaria guardó un silencio que duró 14 cuadras hasta desaparecer de la vista pública. Esta actitud contraviene el principio de rendición de cuentas que rige a los 13 regidores del consejo provincial. La desatención a la prensa es, en el fondo, una desatención al ciudadano que paga sus impuestos. Un regidor que no puede explicar su motivación política tras 2 años de gestión, difícilmente podrá justificar los acuerdos de consejo que firma cada 15 días.
Incógnitas tras tres minutos de hermetismo absoluto
El incidente captado en video muestra a la funcionaria huyendo de las cámaras junto a su colega Carol Espinoza Rojas, evadiendo cuestionamientos sobre su plan de trabajo anual. Durante el recorrido de 2 cuadras, Ramírez Vara no pudo precisar en qué comisión de trabajo se encuentra asignada para el periodo actual. Cabe recordar que un regidor debe asistir a un mínimo de 2 sesiones de consejo mensuales para percibir sus beneficios económicos integrales. La falta de respuestas sobre qué trabajo de fiscalización ha desarrollado en los últimos 12 meses genera suspicacias sobre la productividad de su despacho. En Huánuco, el 70% de la población exige mayor control sobre los recursos destinados a seguridad ciudadana, un área donde el consejo municipal tiene voto decisivo.
Bloque de silencio junto a Carol Espinoza
La presencia de la regidora Carol Espinoza Rojas reforzó la muralla de silencio frente a las interrogantes del Diario Ahora. Ambas autoridades cruzaron la calle incluso con el semáforo en verde, poniendo en riesgo su integridad física con tal de evitar los 5 cuestionamientos planteados. Esta dupla parlamentaria municipal maneja decisiones críticas sobre el 100% de las ordenanzas locales que afectan a 11 distritos de la provincia. La actitud de Espinoza Rojas, quien también percibe dietas del erario público, sugiere un patrón de conducta coordinado dentro del cuerpo de regidores. La transparencia no es opcional: el Reglamento Interno de Concejo (RIC) establece que la fiscalización es la función primordial del cargo, no un acto de cortesía mediática.
Impacto de la opacidad en la gestión de Antonio Jara
La administración del alcalde Antonio Jara se encuentra bajo la lupa debido a una ejecución presupuestal que, a mitad de ciclo, apenas roza el 35% en proyectos clave. Cuando una regidora como Patricia Ramírez se niega a explicar su motivación para el cargo, debilita el pilar de legitimidad del gobierno provincial. En 2025, se reportaron múltiples quejas por la falta de fiscalización en obras de saneamiento que superan los S/2,000,000. El silencio de Ramírez Vara el pasado 25 de enero no solo es un desaire a la prensa, sino una omisión de sus deberes ante la Contraloría. La Ley Orgánica de Municipalidades es clara: el regidor es el primer vigilante de la legalidad de los actos administrativos.
Evidencias de un vacío en la fiscalización edil
Huánuco ocupa puestos críticos en los rankings de transparencia gubernamental, situándose por debajo del 50% de cumplimiento en portales de datos abiertos. La actitud de la regidora Ramírez Vara el último domingo agrava esta percepción de opacidad institucional. Al no detallar sus labores en comisiones, se desconoce si ha presentado alguno de los 10 informes trimestrales de fiscalización que corresponden por ley. Esta falta de rendición de cuentas ocurre mientras la municipalidad gestiona transferencias del canon que este trimestre sumaron más de S/1,200,000. Los ciudadanos se preguntan si el sueldo de los regidores se justifica cuando la respuesta ante la prensa es la evasiva física ante preguntas de interés público.
Incertidumbre y posibles sanciones administrativas
El cliffhanger institucional queda abierto: ¿Iniciará la comisión de ética un proceso contra Ramírez Vara por su conducta evasiva? En las próximas 48 horas, se espera que el Jurado Nacional de Elecciones reciba quejas sobre el cumplimiento de funciones de los fiscalizadores huanuqueños. El 1 de febrero se presentará el nuevo balance de gestión, donde el silencio de la regidora será nuevamente puesto a prueba ante el pleno. Si una autoridad no puede responder por qué quiso ser elegida tras 24 meses en el poder, la revocatoria podría ser la única herramienta activa. La municipalidad debe decidir si protege el hermetismo o abre las puertas a una auditoría total de sus regidores antes del cierre del primer trimestre de 2026.
