El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha expresado su condena y ha pedido una investigación y sanciones tras revelarse que la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo involucrada en acciones de vigilancia y escuchas telefónicas contra periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero. Según informes del Ministerio Público, estas acciones de seguimiento policial y videovigilancia se llevaron a cabo entre abril y noviembre del año pasado por orden del fiscal Andy Rodríguez.
Estas prácticas intrusivas coincidieron con la publicación de reportajes críticos sobre las decisiones de Benavides, incluyendo la controversia de sus tesis no habidas y vínculos con figuras implicadas en el caso ‘Cuellos Blancos’. A pesar de las investigaciones realizadas “en estricto secreto”, el fiscal Cristhian Alfaro archivó el caso al no encontrar actividades ilícitas y considerar que podría criminalizar el ejercicio del derecho a la libertad de información.
El caso ha generado una fuerte reacción entre la comunidad periodística y defensores de la libertad de prensa, que ven en estos actos un intento de intimidar y silenciar a quienes fiscalizan el poder político y judicial. César Romero, uno de los periodistas afectados, denunció el legado represivo de la administración Benavides, apuntando a una estrategia de criminalización y persecución.
En medio de esta controversia, la situación legal de Benavides sigue sin definirse, con su exasesor admitiendo haber coordinado acciones bajo su mando. Mientras tanto, las investigaciones continúan, incluyendo allanamientos a figuras vinculadas a la fiscal suspendida. Este escándalo pone de relieve la tensión entre la libertad de prensa y las prácticas autoritarias en el sistema judicial peruano, así como la urgente necesidad de proteger a periodistas y medios de comunicación de injerencias indebidas.
