La provincia de Pataz, ubicada en la sierra oriental de La Libertad, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta debido a la intensificación de la minería ilegal de oro. El reciente secuestro y asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, perpetrado por bandas criminales, ha desatado una ola de indignación y preocupación. Este trágico evento no es un hecho aislado, sino un síntoma de la profunda crisis que azota la región, donde la ambición por el oro alimenta la violencia y la impunidad. Recordemos que La Libertad, según datos del Ministerio de Energía y Minas, es una de las regiones con mayor actividad minera en el país, tanto formal como informal, lo que la convierte en un foco de conflictos por el control de los recursos.
Según la investigación publicada por El Comercio, la situación en Pataz ha alcanzado niveles alarmantes, con un incremento constante de la violencia y la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilegal de oro. La minería formal, en este contexto, se ve amenazada y afectada por la inseguridad reinante.
La lucrativa actividad minera ilegal ha transformado radicalmente el paisaje de Pataz, generando una economía paralela que mueve millones de soles al año. Como evidencia de esta bonanza ilícita, se han construido centros de esparcimiento, hoteles de varios pisos, bares y discotecas, muchos de ellos propiedad de individuos involucrados en la minería ilegal. Esta infraestructura, visiblemente ostentosa, contrasta con la pobreza y la falta de oportunidades que afectan a gran parte de la población local.
Uno de los pilares fundamentales de la minería ilegal es el acceso a explosivos, necesarios para la extracción del mineral en socavones. A pesar de los controles legales existentes, se estima que un porcentaje significativo de los explosivos destinados a la minería formal se desvía hacia la actividad ilegal. Se calcula que la minería ilegal en Pataz invierte anualmente millones de dólares en la adquisición de explosivos, abasteciendo a una extensa red de socavones clandestinos. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y la necesidad de fortalecer la fiscalización.
Las plantas de procesamiento de minerales juegan un papel crucial en la cadena de producción del oro, ya que es en estas instalaciones donde se refina el mineral extraído. Expertos señalan que estas plantas podrían ser utilizadas para mezclar el oro de procedencia legal con el oro extraído ilegalmente, dificultando la trazabilidad del mineral y facilitando el lavado de activos. La falta de controles rigurosos en estas plantas representa un desafío para las autoridades y un incentivo para la actividad ilegal.
La débil presencia policial en la zona es otro factor que contribuye a la impunidad de los grupos criminales. El puesto policial de Chagualito, encargado de fiscalizar el tránsito de camiones que transportan mineral aurífero, opera con recursos limitados y un reducido número de efectivos. Esta situación facilita el paso de camiones cargados con mineral extraído ilegalmente, evidenciando la falta de control y la vulnerabilidad del Estado en la región. De acuerdo con registros, un alto porcentaje de camiones que transitan por la zona no son debidamente inspeccionados.
La violencia en Pataz se ha recrudecido con la aparición de nuevos líderes criminales que buscan controlar el negocio de la minería ilegal. Estos individuos, conocidos por sus alias y su historial delictivo, no dudan en recurrir a la violencia extrema para imponer su dominio. La morgue de Trujillo, encargada de recibir los cadáveres de las víctimas de esta violencia, se encuentra colapsada debido al elevado número de fallecidos, evidenciando la magnitud de la crisis humanitaria que vive la región.
