La provincia de Pataz, ubicada en la sierra oriental de La Libertad, se encuentra nuevamente en el epicentro de una crisis humanitaria debido a la **minería ilegal**. El reciente secuestro y asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, perpetrado por bandas criminales que controlan el negocio del oro ilícito, ha reavivado la alarma sobre la creciente inseguridad y la impunidad reinante en la zona. Este trágico suceso se suma a un historial de violencia ligada a la extracción ilegal del metal precioso, una actividad que mueve miles de millones de soles anualmente y que ha transformado la dinámica social y económica de la región.
Según la investigación publicada por El Comercio, la empresa minera Poderosa ha denunciado que, con este último incidente, ascienden a 39 los colaboradores, mineros artesanales y trabajadores de la compañía asesinados por grupos delictivos que han tomado el control de Pataz, convirtiéndola en un territorio donde la ley ha sido reemplazada por la violencia.
La raíz del problema en Pataz es multifacética, impulsada por los ingentes recursos generados por la minería ilegal del oro. Estos fondos ilícitos han financiado la construcción de infraestructura ostentosa, como centros de esparcimiento con piscinas y canchas de fútbol, hoteles de varios pisos, bares y discotecas, evidencia palpable del poder económico de los mineros ilegales que operan en la región. La magnitud de este negocio se refleja también en el desvío de explosivos, donde, pese a los controles legales para la compra de dinamita y anfo destinados a la minería de socavón, se estima que un 60% de estas ventas “formales” terminan alimentando la actividad ilícita. Este mercado negro de explosivos mueve alrededor de 120 millones de dólares al año, con Pataz albergando al menos nueve polvorines que abastecen a más de 450 socavones.
El proceso de “lavado” del oro ilegal se complica en las plantas de beneficio, donde, según expertos consultados, se mezcla el oro extraído legalmente con el de procedencia ilícita, dificultando aún más la trazabilidad y el control de la producción. Además, la problemática se agrava por la presencia de figuras políticas vinculadas al negocio, como los hermanos César y Ricardo Sandoval Pozo, funcionarios ligados a César Acuña y con conexiones en la minería del oro. César trabajaba en el Ejecutivo, mientras que Ricardo lo hacía en el Gobierno Regional de La Libertad.
La violencia desatada por las disputas entre bandas criminales ha dejado un reguero de muerte y desolación en Pataz. El hallazgo de cadáveres y restos óseos de al menos 13 personas asesinadas, identificadas como “parqueros” (individuos que extraen el mineral de forma ilícita en los socavones), pone de manifiesto la brutalidad y la impunidad con la que operan estos grupos. La situación se ve exacerbada por la precariedad de las fuerzas del orden en la zona. El puesto policial de Chagualito, encargado de fiscalizar el tránsito de los camiones cargados con mineral aurífero, opera en condiciones deficientes, con apenas dos policías por turno y sin el equipamiento necesario, lo que facilita el paso de vehículos sin control. Se estima que, solo entre enero y octubre del año pasado, la policía no registró por lo menos 3.800 camiones, casi la mitad del total que transitó por la zona.
Tras la captura de líderes criminales como ‘Palermo’ y ‘Gato Coté’, nuevos delincuentes han emergido para tomar el control de las redes criminales, como ‘Cuchillo’, presunto responsable del asesinato de los 13 trabajadores mineros. Además, las modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado han obstaculizado las investigaciones fiscales, como en el caso de Los Parqueros de Pataz. La lista de los propietarios de los camiones que transportan el mineral aurífero también revela conexiones políticas, como la de José Torrealva Yparraguirre, exalcalde de Pataz y afiliado a Podemos Perú.
La historia de Hosler Witt Castro Fernández, un ex restaurador brasileño convertido en pistolero de la minería ilegal, ilustra el nivel de involucramiento de individuos extranjeros en el negocio. Castro fue asesinado en diciembre de 2024 en un enfrentamiento entre bandas criminales. Finalmente, la morgue de Trujillo, desbordada por la cantidad de cadáveres provenientes de Pataz, evidencia la magnitud de la crisis humanitaria. La falta de capacidad y el equipamiento precario de la morgue dificultan la identificación y el tratamiento adecuado de los cuerpos, exacerbando el sufrimiento de las familias de las víctimas.
