El reciente asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, región La Libertad, ha conmocionado al país y puesto en evidencia las deficiencias del Estado peruano para enfrentar la creciente violencia vinculada a la minería ilegal. A pesar de que la región se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024, las medidas implementadas han sido insuficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Los trabajadores, contratistas de la empresa R&R vinculada a la minera La Poderosa, fueron secuestrados el 25 de abril. Sin embargo, las autoridades inicialmente pusieron en duda la veracidad del secuestro. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el jefe policial regional, Guillermo Llerena, minimizaron las denuncias, lo que retrasó las acciones de rescate. No fue sino hasta el 4 de mayo que se hallaron los cuerpos de las víctimas, desnudos y maniatados, en un socavón de la zona.
La presidenta Dina Boluarte, tras reunirse con autoridades locales, decretó un toque de queda en Pataz y la suspensión de actividades mineras por 30 días. Sin embargo, estas medidas fueron percibidas como reacciones tardías ante una situación que ya había escalado considerablemente.
La violencia en Pataz no es un fenómeno nuevo. Desde 2020, bandas criminales han tomado control de concesiones mineras, resultando en al menos 39 asesinatos de trabajadores y múltiples ataques a infraestructuras, incluyendo la destrucción de torres de alta tensión. A pesar de la presencia de fuerzas del orden, la criminalidad ha continuado su avance, evidenciando la falta de una estrategia efectiva por parte del Gobierno.
Además, programas como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) han sido criticados por permitir que mineros ilegales operen con impunidad mientras esperan formalizarse, lo que ha sido aprovechado por organizaciones criminales para expandir sus actividades.
La masacre de Pataz pone de relieve la urgencia de que el Estado peruano adopte medidas más contundentes y efectivas para combatir el crimen organizado en las zonas de minería ilegal. Es imperativo que se fortalezca la presencia estatal, se revise y ajuste la legislación pertinente y se implementen estrategias integrales que aborden tanto la seguridad como el desarrollo económico de estas regiones.
La memoria de los 13 trabajadores asesinados debe servir como un llamado a la acción para que tragedias como esta no se repitan y para que el Estado recupere el control de territorios que han sido abandonados a la ley del más fuerte.
