Un desenlace fatal marcó el secuestro de trece trabajadores de seguridad minera en la convulsa provincia de Pataz, región de La Libertad, elevando la preocupación sobre la seguridad en la zona. Los cuerpos, pertenecientes a empleados de la empresa R&R, que presta servicios a la minera artesanal Libmar, fueron encontrados sin vida en un túnel del anexo de Pueblo Nuevo. Este suceso ocurre en un contexto de creciente violencia ligada a la minería ilegal, problemática que azota la región y frente a la cual el Gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia.
Según la investigación publicada por El Comercio, el hallazgo de los cadáveres atados y con impactos de bala confirma los peores temores de los familiares y agudiza la crisis de seguridad en una zona ya marcada por la criminalidad.
Los trabajadores de R&R brindaban seguridad a Libmar, una operación minera artesanal vinculada contractualmente a Minera Poderosa, una de las principales empresas auríferas de la región. Esta última ha sido objeto recurrente de ataques por parte de grupos asociados a la minería ilegal, quienes buscan controlar la extracción de oro en la zona. El padre de una de las víctimas, en declaraciones a Canal N, manifestó la angustia y la incertidumbre de los familiares ante la falta de información oficial por parte de la Policía Nacional, señalando que la confirmación del hallazgo se produjo a través de un vigilante con familiares en el área.
Las denuncias previas al hallazgo apuntaban a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, como el cabecilla del grupo armado responsable del secuestro, ocurrido el sábado 26 de abril. Se exigían cuatro millones de soles por la liberación de los mineros, pero las negociaciones no prosperaron y no hubo más contacto con los secuestradores. La región de Pataz, rica en recursos minerales, se ha convertido en un foco de conflicto debido a la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, que operan con impunidad en la zona.
Minera Poderosa emitió un comunicado confirmando la recuperación de los cuerpos por parte del equipo de rescate de la Policía Nacional y lamentando la “cruel” muerte de los trabajadores. La empresa denunció que este hecho eleva a 39 el número de colaboradores, mineros artesanales y trabajadores asesinados por bandas criminales en Pataz, describiendo la provincia como “un territorio sin ley” donde la violencia es desenfrenada.
Además, Poderosa informó sobre otro incidente ocurrido en una operación formal en Alacoto, Pataz, donde una incursión de mineros ilegales y grupos criminales habría resultado en la toma de instalaciones de una planta. La empresa hizo un llamado urgente al Gobierno para replantear la estrategia de lucha contra la criminalidad en la zona, solicitando una mayor intervención policial en las bocaminas ilegales, identificadas y georreferenciadas, donde se refugian y operan las bandas criminales.
Medios regionales han identificado a al menos nueve de los trece mineros asesinados, entre ellos Nilver Joel Pérez Chuquipoma, César Rospigliosi Arellano, Frank Jesús Monzón Valeriano, Jhon Cristian Facundo Inga, Franklin Vicente Facundo Inga, Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez, Juan Ñaupari Salva y Darwin Javier Coveñas Panta. La tragedia de Pataz pone de manifiesto la urgencia de una intervención estatal efectiva para garantizar la seguridad y el estado de derecho en una región asediada por la minería ilegal y la violencia.
