Pese a ello, en 2026 el presupuesto regional para seguridad se redujo en 60% respecto al año pasado
Instituto Peruano de Economia
· El año 2025 estuvo marcado por un deterioro de la seguridad ciudadana, que se consolidó como una de las principales preocupaciones de la población en el Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al tercer trimestre de 2025 el 49% de los adultos en Pasco identificó a la delincuencia y la falta de seguridad como el segundo problema más grave que enfrenta el país, solo por detrás de la corrupción.
· Esta percepción coincide con el aumento de delitos. En 2025, Pasco registró la segunda mayor tasa de secuestros del país, con 9 casos por cada 100 mil habitantes, solo por detrás de Madre de Dios (13.3). Esta cifra representa un aumento de 26% respecto a 2024 y casi triplica la registrada en 2019 (3.7). Además, las denuncias por extorsión aumentaron a 24.3 casos por cada 100 mil habitantes en 2025, 4% por encima de lo registrado en 2024.
· Parte del deterioro de la seguridad está estrechamente vinculado a la expansión de la minería ilegal en la región. A noviembre de 2025, se registraron 26 denuncias por delitos vinculados a esta actividad ante el Ministerio Público, 53% más que el mismo periodo de 2024. En este contexto, el distrito de Ticlacayán se consolidó como el epicentro de esta actividad, al concentrar más de una cuarta parte de las denuncias de la región.
· Pese a este contexto, el presupuesto dirigido para infraestructura y equipamiento de orden público y seguridad en Pasco continúa reduciéndose. En 2026, el presupuesto destinado a estas actividades es de S/5.5 millones, 60% menor que en 2025 (S/13.7 millones) y 88% inferior al de 2019 (S/44.8 millones), ajustado por inflación. Asimismo, en 2025 la región registró la segunda ejecución más baja del país en dicha función (63.9%), por debajo del promedio nacional (84.1%).
· Aunque al cierre de 2025 Pasco contó con 264 efectivos policiales por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional (155), la capacidad de respuesta sigue limitada. El Sistema de Planificación y Control del Patrullaje Municipal (SIPCOP-M), que interconecta el GPS del serenazgo con la Policía Nacional, cubre al 70% de las municipalidades provinciales, pero apenas al 12% de las distritales. Asimismo, persisten brechas en la infraestructura: Con la última información disponible a 2024, de las 26 comisarías de la región, solo 9 se encontraban en buen estado y 13 contaban con servicios básicos adecuados.
· Enfrentar la inseguridad requiere un enfoque integral que combine mejoras en infraestructura y equipamiento con mayor coordinación interinstitucional. En esa línea, es clave la modernización y construcción de comisarías mediante mecanismos como Obras por Impuestos (OXI) y Asociaciones Público-Privadas (APP). Además, fortalecer la interoperabilidad entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) permitirá mejorar el intercambio de información y la trazabilidad de los casos, elevando la capacidad de respuesta. Estas medidas son clave para enfrentar la creciente inseguridad que afecta la competitividad y limita el desarrollo económico de la región.
