A tan solo una semana de su inscripción oficial en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ya enfrenta serios cuestionamientos. La información presentada ante las autoridades electorales no coincide con la realidad, según investigaciones realizadas por Latina Noticias. Según Carlos Oré Arroyo para Infobae.
Uno de los principales problemas detectados está relacionado con la dirección consignada como local partidario. En los documentos oficiales, el CPP declaró un domicilio en Villa María del Triunfo, que, según confirmó Latina, corresponde en realidad a una residencia familiar. “Aquí no funciona ningún partido político, esta es una vivienda particular,” aseguró la familia Cordero, que habita el inmueble. Además, la vivienda no muestra ningún tipo de identificación que la vincule con la agrupación, como carteles, logotipos o símbolos partidarios.
A esto se suma que los números telefónicos proporcionados por el partido tampoco son válidos. Uno de ellos no existe, mientras que el propietario del otro desconoce cualquier relación con la agrupación política. Estas inconsistencias han generado dudas sobre la transparencia del proceso de inscripción del partido, que busca participar en las elecciones generales y regionales de 2026.
Prácticas comunes, pero cuestionables
El especialista en derecho electoral, José Naupari, explicó que este tipo de prácticas son recurrentes entre las organizaciones políticas durante el proceso de inscripción. “Cumplen las normas para pasar la valla y luego se olvidan,” señaló, refiriéndose a la creación ficticia de bases partidarias para cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el JNE.
Naupari también recordó que, por decisión del Congreso, estas irregularidades ya no están sujetas a sanciones severas. “Es un vacío legal que permite que los partidos sean inscritos sin garantizar una representación genuina ni una estructura funcional,” añadió.
Nicanor Boluarte y sus antecedentes
El caso del partido Ciudadanos por el Perú está estrechamente vinculado a la figura de Nicanor Boluarte, hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte. En mayo de 2024, Nicanor fue arrestado bajo sospecha de liderar una presunta organización criminal conocida como “Los Waykis en la Sombra”, dedicada al tráfico de influencias y al cohecho. Se le acusa de haber utilizado su influencia para designar a funcionarios públicos a cambio de dinero y de haber impulsado la recolección de firmas para la inscripción del CPP.
En noviembre de 2024, un juez dictó 36 meses de prisión preventiva contra él, argumentando el riesgo de manipulación de testigos y entorpecimiento de las investigaciones. Sin embargo, Boluarte no se presentó a la audiencia donde se dictó esta medida, pasando a la clandestinidad.
Tras más de 50 días prófugo, en enero de 2025, el Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva en su contra, dejándolo en libertad sin restricciones, lo que incluso le permite viajar al extranjero. Pese a esta decisión, las investigaciones por organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias continúan abiertas.
Un proceso electoral con decenas de partidos inscritos
Con la inscripción de Ciudadanos por el Perú, el JNE registra oficialmente 40 partidos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de 2026. Además, 33 organizaciones más están en proceso de inscripción, lo que podría elevar el total a 73 agrupaciones políticas con potenciales candidatos en estos comicios.
La presidenta Dina Boluarte tiene plazo hasta abril de 2025 para realizar la convocatoria oficial a las elecciones generales del 12 de abril de 2026. En estos comicios, los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, quienes gobernarán durante el período 2026-2031.
El proceso electoral activará una serie de plazos importantes, como la inscripción de candidaturas y la formación de alianzas entre partidos políticos. Aunque aún no hay una lista oficial de candidatos presidenciales, encuestas preliminares han señalado como favoritos a figuras como Keiko Fujimori y Carlos Álvarez.
Críticas y cuestionamientos al CPP
El caso de Ciudadanos por el Perú ha desatado críticas tanto en el ámbito político como en la ciudadanía. Analistas advierten que las irregularidades detectadas en el proceso de inscripción son un reflejo de los problemas estructurales del sistema político peruano, donde muchos partidos carecen de bases reales y funcionan como vehículos electorales temporales.
Además, el vínculo del CPP con Nicanor Boluarte ha generado suspicacias, especialmente dado su historial legal. “Es preocupante que un partido político relacionado con alguien que enfrenta acusaciones tan graves sea inscrito sin mayores controles,” comentó un politólogo consultado por Infobae.
La necesidad de reformas en el sistema electoral
El caso del CPP pone en evidencia la necesidad de reformas urgentes en el sistema electoral peruano. Actualmente, las normas permiten que partidos sean inscritos con requisitos mínimos, lo que facilita la proliferación de agrupaciones sin estructura ni representación genuina.
Especialistas han planteado la necesidad de establecer controles más estrictos sobre la creación de bases partidarias y la verificación de información proporcionada por los partidos en el proceso de inscripción. También se ha sugerido implementar sanciones más severas para las organizaciones que incumplan las normas.
Conclusión
A pocos días de su inscripción, el partido Ciudadanos por el Perú enfrenta serios cuestionamientos que ponen en duda la transparencia de su proceso de registro. Las inconsistencias en la información presentada al JNE, sumadas al historial de su principal promotor, Nicanor Boluarte, representan un desafío para la credibilidad del sistema político peruano.
De cara a las elecciones de 2026, el caso del CPP subraya la necesidad de un debate profundo sobre la calidad de las organizaciones políticas en el país y la urgencia de reformas que fortalezcan la democracia y la representación ciudadana.
