Los transportistas de Lima Metropolitana y diversas ciudades del Perú siguen enfrentando una situación de extrema gravedad, marcada por la continua extorsión, amenazas y asesinatos a manos de organizaciones criminales. “No se ha solucionado el problema, esto no ha terminado. Las extorsiones siguen, las muertes siguen. Hoy todavía se sigue amedrentando a los transportistas y a diferentes sectores sociales. Seguimos viviendo en zozobra”, expresó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), en diálogo con Infobae Perú.
A pesar de las múltiples promesas de las autoridades, las condiciones para los trabajadores del sector del transporte público en Perú no han mejorado. La situación de inseguridad y violencia persiste, lo que ha generado malestar y frustración dentro del gremio. Los transportistas, que durante el año pasado enfrentaron una ola de ataques y extorsiones, ya se están preparando para tomar nuevas medidas si el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República no intervienen de manera efectiva en la problemática.
Un panorama de violencia constante
Las extorsiones no son un fenómeno nuevo para los transportistas en Perú. En el último año, organizaciones criminales han estado exigiendo “cupos” a los conductores, a cambio de permitirles operar con relativa “tranquilidad”. Estos grupos mafiosos no solo amenazan, sino que también han estado involucrados en asesinatos de conductores y atentados a vehículos de transporte público. “Las extorsiones siguen siendo el pan de cada día para nosotros. Es un problema que las autoridades parecen no entender o no quieren solucionar”, comentó Valeriano.
A este contexto de violencia se suma la frustración de los gremios de transportistas ante la inacción del gobierno y el Congreso. “El ministro Santiváñez (del Ministerio del Interior) ya debió haber dado un paso al costado. Sin embargo, no lo ha hecho por una cuestión política. Así como tampoco han derogado la Ley 32108, que es un obstáculo para abordar el crimen organizado”, agregó el presidente de Anitra.
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para frenar la violencia, el gremio considera que las medidas adoptadas hasta el momento no han tenido el impacto esperado. La reciente implementación del estado de emergencia en Lima, tras el paro de septiembre de 2024, no ha logrado reducir la violencia ni brindar la seguridad que los transportistas exigen para trabajar. “El estado de emergencia instaurado en Lima después del paro del 26 de septiembre no ha servido”, lamentó Valeriano, quien considera que las autoridades están tomando decisiones superficiales y no abordando el problema en su raíz.
¿Se viene un nuevo paro o movilización?
En medio de este escenario de inseguridad, los transportistas están evaluando la posibilidad de llevar a cabo nuevas movilizaciones o un paro nacional. “Se evaluará esta semana entre las bases la posibilidad de que haya un nuevo paro de transportistas”, indicó Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien agregó que aún no se ha definido la fecha exacta para la protesta.
Para Martín Valeriano, la mejor opción sería organizar una marcha pacífica para exigir una solución inmediata a la crisis de inseguridad. “Vamos a volver a protestar. Nosotros vamos a alcanzar una propuesta en la brevedad posible. No creo que sea un paro, sino una marcha por la vida, no por la paz. Queremos que sea en febrero o marzo, porque la situación no ha cambiado. Optamos por una marcha para detener las muertes”, sostuvo el líder del gremio.
En este sentido, la movilización tiene como objetivo principal exigir a las autoridades la implementación de medidas efectivas para combatir la extorsión y la violencia que sufren a diario los transportistas. “Queremos que la marcha sea en febrero o marzo. Optamos por una marcha para detener las muertes. Esta será nuestra manera de protestar porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados después de que no nos hayan resuelto ningún pedido tanto Legislativo como el Ejecutivo”, agregó Valeriano, quien subraya que la situación de los transportistas no puede esperar más.
Exigencias y promesas incumplidas
Uno de los principales reclamos del gremio es el incumplimiento de las promesas realizadas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. Desde el año pasado, los transportistas han solicitado una serie de medidas concretas para mejorar la seguridad en el transporte público, pero hasta ahora las respuestas han sido insuficientes. “Todo ha sido un engaño. Los operativos y allanamientos parece que fueron armados. Entonces, se ha hecho poco o nada por resolver los pedidos de los transportistas y los diferentes sectores sociales a nivel nacional”, lamentó Valeriano.
Una de las principales exigencias que sigue en pie es la derogación de la Ley 32108, una legislación que los transportistas consideran un obstáculo para enfrentar el crimen organizado. “El Congreso parece que se ha empecinado en continuar con esa ley, por alguna razón”, expresó Valeriano, quien insiste en que esta ley no ha ayudado en la lucha contra el crimen y ha generado más problemas para los conductores. Además, los transportistas han solicitado un mayor despliegue de fuerzas de seguridad en los paraderos y rutas de transporte público, así como la reestructuración del Comando Conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) para abordar de manera más efectiva la lucha contra las organizaciones criminales.
“Vamos a solicitar la reestructuración del Comando Conjunto de la PNP para que se pueda combatir frontalmente la lucha contra la delincuencia, la inseguridad y las organizaciones criminales que vienen azotando”, reveló Valeriano. El gremio de transportistas considera que las actuales políticas de seguridad no están funcionando y que es necesario un cambio radical en la estrategia para frenar la violencia.
Posibles alternativas a la protesta
A pesar de las fuertes tensiones y la posibilidad de un nuevo paro, algunos dirigentes también están evaluando otras formas de protesta, como la organización de foros o mesas de trabajo con las autoridades, en un intento por encontrar una solución pacífica y constructiva al problema. “Se está evaluando y ver qué se le puede solicitar al gobierno, porque de repente no lo pueden hacer y ya se lo deja al siguiente presidente. Recordemos que ya son las elecciones el otro año”, indicó Valeriano, quien ve que la situación política actual también influye en la capacidad de las autoridades para tomar decisiones efectivas.
Sin embargo, las movilizaciones o paros parecen ser la única opción viable para muchos transportistas, quienes consideran que las autoridades no han dado señales claras de querer resolver el problema. La presión de los gremios de transportistas está en aumento, y los próximos meses serán cruciales para determinar si el gobierno y el Congreso finalmente toman medidas decisivas para abordar la crisis de seguridad que afecta al sector del transporte público.
