El Parlamento de Nicaragua, dominado por el Frente Sandinista, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que otorga mayor control al presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Entre las modificaciones más destacadas está la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años, la creación de los cargos de copresidente y copresidenta, y la facultad del Ejecutivo para coordinar los poderes Legislativo, Judicial y Electoral.
La reforma también permite a la Presidencia ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional y habilita a policías y militares para ocupar cargos ejecutivos. Además, amplía el control estatal sobre los medios de comunicación, con medidas que prohíben la divulgación de “noticias falsas”.
La oposición y organismos internacionales como la OEA critican esta reforma, señalando que busca perpetuar a Ortega en el poder y consolidar un sistema de “poder absoluto”. Asimismo, la enmienda elimina la separación de poderes, declarando que la Presidencia coordina todos los órganos del Estado.
Aunque la reforma requiere una segunda aprobación en 2025, se perfila como un cambio trascendental en el sistema político nicaragüense, que podría profundizar las tensiones internas y el aislamiento internacional del régimen de Ortega.
