El Gobierno Regional de Huánuco resolvió el contrato con el consorcio Llata, encargado de ejecutar las obras del Estadio Colón, ante serias observaciones que comprometerían tanto el avance físico como financiero del proyecto. Así lo confirmó el consejero delegado Ricardo Prado, quien señaló que la medida responde a una cadena de irregularidades que afectan directamente a la población de Huamalíes.
Según explicó Prado, la obra comenzó con entusiasmo por tratarse de un proyecto ambicioso que buscaba poner en valor el deporte en la provincia. Sin embargo, desde el inicio, se advirtieron limitaciones en el expediente técnico y retrasos en la ejecución. “Hemos alertado en diversas etapas que el proyecto presentaba problemas estructurales que no fueron corregidos a tiempo”, indicó.
Avance físico y financiero en fuerte desbalance
Durante una reciente sesión del Consejo Regional, la Comisión de Infraestructura reveló que el avance físico de la obra apenas bordea el 50 %, mientras que el avance financiero superaría el 70 %. Prado remarcó que esta diferencia no se justifica y que incluso existirían cobros por encima del valor ejecutado. “La empresa ha recibido pagos completos por valorizaciones, pero el progreso en campo no lo refleja. Incluso se ha cobrado más de lo que corresponde”, señaló.
Materiales revendidos y supuestas deudas a trabajadores
La situación se agravó cuando se constató que representantes del consorcio estarían vendiendo materiales de construcción –como cemento y fierro– en el mismo estadio, presuntamente para cubrir deudas con trabajadores y proveedores locales. “Esto ha generado indignación en la población, porque muchos prestaron servicios o bienes confiando en la obra, y ahora han quedado perjudicados”, afirmó el consejero.
Prado no dudó en calificar al consorcio como un grupo de “empresas fantasmas” que habría utilizado “argucias legales” para evitar responsabilidades, a pesar de haber recibido pagos dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Regional.
Proceso legal en curso y arbitraje activado
Respecto al futuro legal del caso, el consejero informó que el Gobierno Regional ha iniciado una revisión técnico-jurídica que servirá de sustento para responder al arbitraje iniciado por el consorcio. Entre los argumentos presentados por la empresa se encuentran supuestas inconsistencias en la cantera de materiales, incompatibilidad del expediente técnico y conflictos con la mano de obra local. Prado desmintió estos puntos y los calificó como excusas sin sustento técnico ni legal.
Dato:
El proyecto, inicialmente valorizado en menos de S/ 24 millones, ha experimentado aumentos que elevan su costo por encima de ese umbral, sin que se haya reflejado en el cumplimiento de plazos o calidad de obra. “Estamos ante un patrón que se repite en Huánuco: decenas de obras paralizadas y empresas que siempre resultan beneficiadas, mientras el pueblo queda a la espera”, concluyó Prado.
