La atmósfera política en Bolivia se encuentra cargada de incertidumbre a medida que se acerca el 17 de agosto, fecha señalada para las elecciones generales. Las **elecciones** se presentan marcadas por la sombra de posibles actos violentos destinados a obstruir el proceso democrático, así como por la proyección de un electorado fragmentado, un panorama que complica aún más la ya tensa situación política del país andino. Los bolivianos deberán elegir presidente, vicepresidente y renovar la totalidad del Parlamento, en un momento crítico para la nación.
Según la investigación publicada por Gestión, la campaña electoral ha estado signada, hasta el momento, por manifestaciones y amenazas provenientes de facciones leales al expresidente Evo Morales (2006-2019). Dichos grupos exigen que Morales, a pesar de no contar con un partido político y de las limitaciones constitucionales que le impiden postularse nuevamente a la presidencia, sea habilitado como candidato para estos comicios. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la inelegibilidad de Morales para un nuevo mandato.
En junio, los partidarios de Morales llevaron a cabo bloqueos de carreteras durante dos semanas, con la intención de presionar para que se permitiera su candidatura. Estas protestas escalaron en violencia, resultando en la trágica muerte de cuatro policías y dos civiles. A pesar de que las movilizaciones en las calles han disminuido, las advertencias de impedir las elecciones si Morales no es incluido en la contienda electoral persisten. Un ejemplo reciente son las declaraciones de Ruth Nina, una figura política aliada al exmandatario, quien alertó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “en vez de contar votos, va a contar muertos”, lo que desencadenó una investigación penal en su contra.
El TSE, por su parte, ha denunciado ser objeto de “ataques” por parte de “actores políticos y sociales” que buscan desestabilizar los comicios, reafirmando su compromiso de “no ceder ante las presiones políticas ni intereses sectoriales que pretendan condicionar sus decisiones o interferir en el normal desarrollo del proceso electoral”. La institución electoral enfrenta un desafío crucial para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.
La analista política María Teresa Zegada ha manifestado que las advertencias de Morales y sus seguidores constituyen “el factor más disonante” en un contexto en el que la gran mayoría de la población y los partidos políticos han apostado fuertemente por la realización de las elecciones. Zegada ha puesto en duda si los simpatizantes del exmandatario permitirán la votación en el Trópico de Cochabamba, el principal bastión político y sindical de Morales, y si acatarán los resultados electorales. En el resto del país, según la analista, se observa una especie de “pausa social” a pesar de la crisis económica que atraviesa Bolivia.
El TSE ha informado que un total de 7.937.138 ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo 369.931 residentes en el exterior. Inicialmente, diez organizaciones políticas estaban autorizadas para participar en las elecciones, pero Nueva Generación Patriótica (NGP) decidió retirarse al no poder habilitar a su candidato, el analista económico Jaime Dunn. Diversas misiones de observación electoral, provenientes de entidades como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), supervisarán los comicios, junto con iniciativas ciudadanas locales como ‘Cuidemos el voto 2025’. La presencia de observadores internacionales busca fortalecer la confianza en el proceso y garantizar su transparencia.
Las encuestas de opinión pública muestran un panorama fragmentado, con el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga liderando las preferencias, aunque con diferencias porcentuales mínimas. Les siguen el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien sorprendió al postularse al margen de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Zegada señala que las encuestas revelan “escenarios más o menos estancados”, pero también identifican “un importante bolsón de votos” de indecisos, votos en blanco y nulos, que podrían constituir un “voto oculto” y modificar el resultado final.
Zegada recuerda que en las elecciones de 2020, las encuestas preveían una segunda vuelta entre Luis Arce y Carlos Mesa, pero también mostraban altos porcentajes de indecisos, lo que sugiere que “no está totalmente consolidado el escenario de disputa política”. Agrega que el próximo gobierno necesitará construir “consensos” para implementar las medidas necesarias para superar la crisis económica actual, lo cual implicará un diálogo amplio con diversos sectores de la sociedad boliviana. Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos, o un mínimo del 40% con una ventaja de al menos diez puntos sobre el segundo candidato, según la ley del Régimen Electoral.
