El retiro total del personal del Área de Conservación Privada Panguana no es un hecho aislado ni un simple problema de seguridad local. Es la evidencia más cruda de una derrota del Estado frente a la minería ilegal y las redes criminales que hoy operan con absoluta impunidad en la Amazonía huanuqueña. Cuando científicos, conservacionistas y trabajadores deben abandonar un área protegida por amenazas de muerte, lo que está en juego no es solo un bosque, sino la autoridad misma del país.
Panguana no es cualquier territorio. Se trata de más de 2,400 hectáreas de bosques primarios, uno de los ecosistemas más biodiversos de la región, y sede de una estación científica con más de cinco décadas de aporte al conocimiento mundial. Que este espacio haya quedado desprotegido revela una ausencia alarmante de respuesta estatal, pese a que las alertas sobre el avance de la minería ilegal no son nuevas ni desconocidas.
La información disponible es contundente: invasión progresiva, uso de maquinaria pesada, devastación del río Yuyapichis y la presencia de más de 30 retroexcavadoras operando día y noche. A esto se suma lo más grave: la presunta contratación de sicarios para intimidar y eliminar a quienes defienden el área. Este ya no es un problema ambiental; es crimen organizado actuando con métodos propios de territorios sin ley.
Más preocupante aún es el contexto social que rodea el conflicto. La instalación de campamentos mineros en zonas cercanas, incluso en áreas de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, y el presunto respaldo de sectores de una comunidad indígena, evidencian un escenario complejo donde el abandono histórico, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado crean el caldo de cultivo perfecto para que la ilegalidad se normalice.
Frente a esta realidad, el silencio o la inacción de las autoridades resulta inaceptable. No basta con operativos esporádicos ni con comunicados tardíos. La retirada del personal de Panguana es una señal de alerta mayor: hoy se abandona una estación científica; mañana podría ser una comunidad entera sometida por economías ilegales.
La defensa del ambiente no puede recaer únicamente en fundaciones, investigadores o ciudadanos comprometidos. Es responsabilidad del Estado garantizar seguridad, hacer cumplir la ley y proteger el patrimonio natural que pertenece a todos. Cada día que pasa sin una intervención firme y sostenida es un día ganado por la minería ilegal y perdido para la Amazonía.
Panguana no puede convertirse en otro nombre más en la larga lista de territorios sacrificados. Recuperar el control de la zona no es solo una obligación legal, sino un deber moral con las futuras generaciones. Si el Estado no actúa ahora, la pregunta ya no será cuánto bosque se perdió, sino hasta dónde estamos dispuestos a tolerar que el crimen decida el destino del país.
