Alejandrino Trujillo Santos, padre de Hermelinda Trujillo Rojas, ha denunciado públicamente la inacción del Poder Judicial ante un presunto caso de agresión sexual y falta de garantías de protección para su hija, ocurrido en el centro poblado de Quiprán, distrito de Jacas Grande, provincia de Huamalíes.
Según el testimonio de Trujillo, el 25 de junio de 2024, su hija fue interceptada por Edel Daza Soto, padre de su hija menor, cuando regresaba a su vivienda desde el río Marañón. De acuerdo con su declaración, el individuo la sujetó por el cuello e intentó agredirla sexualmente. La intervención de transeúntes impidió que el hecho se consumara, lo que habría motivado la huida del presunto agresor.
La denuncia fue formalizada dos días después ante el Poder Judicial de Llata. Sin embargo, según Trujillo, el denunciado continúa en libertad, y hasta la fecha no se han dictado medidas de protección ni avances significativos en el expediente judicial Nº 00152-2024-1205-JM-FT-01, a cargo del juez Manuel Jesús Cotrina Macha.
“La justicia en Llata parece proteger al denunciado. Mi hija vive con temor constante, y no hay ninguna medida que la ampare. ¿Qué esperan? ¿Que la maten?”, manifestó el padre con evidente indignación.
Además, Trujillo reclama que Daza Soto tampoco ha cumplido con sus responsabilidades alimentarias respecto a la hija menor que tuvo con Hermelinda. Según afirmó, la denuncia por alimentos antecede al presunto ataque, pero tampoco ha recibido respuesta judicial al respecto.
El denunciante exige que las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial actúen conforme al reglamento y garanticen tanto la seguridad de la víctima como el acceso a justicia efectiva. También pide que el caso no quede impune ni sea postergado.
“Este no es un caso aislado. En muchas zonas rurales del país, los agresores permanecen impunes mientras las víctimas viven encerradas en el miedo”, afirmó Trujillo, quien ha tenido que desplazarse desde Jacas Grande hasta Huánuco en busca de atención y respuesta judicial.
La denuncia se suma a otras voces que reclaman mayor eficacia institucional en la protección de mujeres víctimas de violencia en contextos rurales, donde el acceso a justicia suele estar marcado por la negligencia y la impunidad.
