El alcalde de Pachitea, Roger Venancio, ha alzado su voz de protesta contra una reciente resolución emitida por el gobierno regional que transfiere once caseríos pertenecientes al distrito de Chaglla, en la provincia de Pachitea, a otra jurisdicción. Venancio sostiene que esta reasignación territorial carece de sustento legal y adolece de irregularidades, las cuales, asegura, ponen en entredicho la validez de la decisión.
Venancio asegura que estos caseríos han pertenecido históricamente a la provincia de Pachitea, desde la delimitación inicial de sus territorios. Afirma que el proceso administrativo contiene firmas presuntamente irregulares, incluso de personas fallecidas y de menores de edad de otras regiones, como Ucayali. Estas anomalías, a juicio del alcalde, deberían haber sido detectadas y evaluadas exhaustivamente por las autoridades del gobierno regional antes de emitirse la resolución.
La ingeniera Vanessa Laime, quien promovió esta propuesta, es señalada por Venancio como responsable de presentar documentación supuestamente adulterada, generando así dudas sobre la transparencia del proceso. La indignación del alcalde refleja una preocupación profunda entre los pobladores de Chaya y otras comunidades de Pachitea, quienes temen que esta disputa termine fragmentando la cohesión social en la región del Alto Tulumayo. “No es posible que personas ajenas decidan sobre el futuro de nuestros niños y jóvenes en Pachitea”, remarcó el alcalde, aludiendo a la importancia de mantener la integridad territorial de la provincia.
Además de cuestionar la transparencia del proceso, Venancio insinuó que la resolución podría responder a motivaciones políticas, particularmente en un contexto preelectoral. Según sus palabras, el gobernador regional estaría buscando afianzar apoyo en áreas recién anexadas, con el fin de sumar votos en los comicios venideros.
Ante esta situación, el alcalde demanda una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, en consonancia con el marco constitucional que ampara el derecho de las comunidades a ser consultadas en decisiones de esta naturaleza. “El gobierno regional tiene la responsabilidad de garantizar que las decisiones sean legítimas, imparciales y estén basadas en estudios serios, que consideren la historia y las costumbres de cada localidad”, manifestó Venancio, quien alertó que la tensión podría escalar hasta la violencia.
