El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el actual Tribunal de Contrataciones Públicas (OECE) han iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra la proveedora Yudith Venturo Bravo, tras detectar presuntos impedimentos legales en contratos suscritos con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ambo, según el Expediente N.º 07135-2024-TCP y el Dictamen N.º 17-2024/DGR-SIRE.
El caso involucra también al regidor provincial Henry Venturo Bravo, quien, de acuerdo con su Declaración Jurada de Intereses, reconoció ser hermano de la contratista.
OSCE detectó indicios de impedimento en contrataciones públicas
De acuerdo con el Reporte N.º 574-2024/DGR-SIRE del OSCE, la proveedora Venturo Bravo Yudith contrató con la UGEL Ambo mientras su hermano ejercía el cargo de regidor provincial, configurando un posible impedimento según el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.º 30225).
El documento, firmado digitalmente por Wendy Melissa Cruz Kamiche, subdirectora de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos, precisa que durante el periodo 2024 se emitieron dos órdenes de servicio a nombre de la proveedora:
* O/S N.º 3-2024, del 18 de enero, por S/ 3 000.
* O/S N.º 33-2024, del 15 de marzo, por S/ 1 500.
Ambas órdenes fueron registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y corresponden a servicios de apoyo en la Oficina de Recursos Humanos de la UGEL Ambo. El OSCE advirtió además que la contratista no contaba con Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito indispensable para la suscripción de contratos con el Estado.
Tribunal inicia procedimiento sancionador
En octubre de 2025, el entonces Tribunal de Contrataciones Públicas (OECE) emitió la Cédula de Notificación N.º 169894/2025-TCP, dando inicio al proceso administrativo contra Yudith Venturo Bravo.
Según el Decreto N.º 675200, del 29 de octubre de 2025, se dispuso requerir a la UGEL Ambo toda la documentación vinculada con la Orden de Servicio N.º 33-2024, por presunta infracción al artículo 50.1, literal c) de la Ley 30225, que sanciona a quienes “contraten con el Estado estando impedidos”.
El decreto, firmado por la presidenta del Tribunal, Mariela Nereida Sifuentes Huamán, también ordena notificar al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Educación de Huánuco, a fin de coadyuvar en la recopilación de información.
El documento enfatiza que la UGEL Ambo deberá remitir un informe técnico-legal que precise si la contratación infractora se configuró conforme a la Ley, y detallar los mecanismos de supervisión aplicados por la entidad.
Proceso continúa en etapa preliminar sin resolución firme
Hasta la fecha del decreto (31 de octubre de 2025), la OECE confirmó que el proceso se encontraba en etapa preliminar, sin sanción definitiva ni pronunciamiento final sobre la responsabilidad de la contratista o de los funcionarios involucrados.
El expediente 07135-2024-TCP permanece activo bajo supervisión del Tribunal, que será el único órgano competente para determinar la existencia de infracción y, eventualmente, imponer sanciones de inhabilitación o multa, conforme al artículo 259 del Reglamento de Contrataciones del Estado.
La UGEL Ambo y la Dirección Regional de Educación de Huánuco no se han pronunciado públicamente sobre las observaciones efectuadas por el OSCE ni sobre las medidas adoptadas en el marco de este procedimiento.
“La información complementaria será solicitada a las entidades involucradas”, señala el decreto, recordando que la omisión en la entrega de documentos podría derivar en responsabilidad administrativa.
Contexto de cuestionamientos en la gestión de la UGEL Ambo
El caso se produce en medio de un escenario de tensiones internas dentro del sector educativo ambino. Fuentes locales consultadas refirieron la existencia de denuncias previas por presuntas irregularidades en designaciones de personal y contrataciones de servicios menores.
Aunque el OSCE no ha atribuido responsabilidad directa a funcionarios específicos de la UGEL Ambo, los reportes de supervisión recomiendan fortalecer los mecanismos de control y verificación de vínculos familiares antes de aprobar órdenes de servicio o contratos de locación.
OSCE reitera obligación de reportar presuntas infracciones
En su dictamen general, el OSCE recordó que las entidades públicas deben informar al Tribunal de Contrataciones cuando detecten posibles infracciones o impedimentos.
El organismo supervisor subrayó que las contrataciones realizadas bajo vínculos familiares afectan la transparencia, la competencia y la equidad en el uso de fondos públicos, e instó a los gobiernos locales y regionales a reforzar la revisión de las Declaraciones Juradas de Intereses de sus funcionarios.
