El reciente enfrentamiento entre transportistas y fiscalizadores municipales en Huánuco —con amenazas abiertas de incendiar una grúa oficial— representa mucho más que un hecho aislado de violencia callejera. Lo ocurrido en el puente Burgos es el reflejo de un problema más profundo: el progresivo deterioro de la autoridad municipal y el desconcierto institucional en torno a su función más básica, que es garantizar el orden y la legalidad.
Porque si bien los actos de hostigamiento contra la autoridad —como los protagonizados por los transportistas informales y bajateros— son inaceptables desde todo punto de vista y deben ser perseguidos penalmente, también es cierto que la Municipalidad Provincial de Huánuco ha contribuido a la pérdida de respeto que hoy padece. Y no es por casualidad: es por falta de consecuencia.
Por un lado, se organiza pomposamente una campaña de recuperación del orden vehicular y comercial; por el otro, se venden —de forma absolutamente irregular— espacios públicos a comerciantes informales para que ocupen las veredas y calles en los alrededores de la feria. ¿Qué clase de institucionalidad puede construirse así? ¿Dónde queda la coherencia de una administración que fiscaliza con una mano mientras promueve el desorden con la otra?
La norma se incumple… cuando conviene
El desconcierto es mayor si se considera que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe el uso de grúas en contextos similares a los que viene aplicando la municipalidad. A pesar de ello, las intervenciones continúan, sin criterios claros ni garantías de legalidad. ¿Se trata de aplicar la ley o de forzarla según la necesidad del momento?
Y mientras eso ocurre, el desorden urbano avanza a un ritmo que ya es inocultable: mecánicos que ocupan veredas y pistas para convertirlas en talleres improvisados; vehículos mal estacionados a cualquier hora del día; transporte público desbordado por la proliferación de combis; paraderos ilegales que congestionan zonas residenciales y centros escolares. Y todo esto ante la mirada pasiva —cuando no permisiva— de la autoridad.
En estas condiciones, ¿cómo espera la Municipalidad Provincial de Huánuco recuperar el respeto ciudadano? ¿De qué sirve amenazar con “mano dura” si la otra mano abre la puerta al caos?
El problema no es solo de ejecución, sino de coherencia institucional. No se puede predicar el orden si se administra el desorden. No se puede exigir respeto si no se ejerce con seriedad la función pública. No se puede castigar a un sector mientras se favorece a otro que incurre en las mismas prácticas.
La crisis de autoridad no es consecuencia de un incidente con transportistas. Es la suma de gestos contradictorios, de promesas incumplidas, de permisividades negociadas, de inacción frente a la informalidad.
La ciudad de Huánuco no necesita discursos más firmes, necesita gestiones más íntegras. Y eso empieza por predicar con el ejemplo.
