La autonomía del Banco Central estadounidense, conocido como la Reserva Federal (Fed), frente a la Casa Blanca ha sido un pilar fundamental de la política económica del país, garantizada por la legislación vigente durante décadas. Sin embargo, una reciente orden ejecutiva firmada por el Presidente Trump ha generado inquietud sobre el alcance de su administración en las agencias independientes, y pone en tela de juicio esa independencia históricamente protegida. El debate surge en un contexto donde las políticas regulatorias están siendo reevaluadas a nivel global, y donde las tensiones entre la política fiscal y la política monetaria se han intensificado, especialmente después de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. Es importante recordar que la Reserva Federal fue creada en 1913 con el objetivo de estabilizar el sistema financiero y mantener el pleno empleo, actuando como prestamista de última instancia y supervisando a los bancos.
Según la investigación publicada por The New York Times, la directiva del Presidente Trump tiene como objetivo las agencias reguladoras que, tradicionalmente, han operado con una interferencia política limitada, tal como lo autorizó el Congreso.
La orden presidencial ofrece una protección parcial a la Fed, exceptuando las decisiones sobre las tasas de interés, que son votadas en cada reunión por siete miembros de la Junta de Gobernadores (nombrados por el Presidente y con mandatos de 14 años) y por un grupo rotatorio de cinco presidentes de los Bancos de la Reserva Regionales. Esta excepción, sin embargo, no disipa las dudas sobre la intención del gobierno de influir en la política monetaria.
En cambio, la orden busca ejercer control sobre la supervisión que la Fed realiza de Wall Street, decisiones que requieren el apoyo mayoritario de la junta. Este intento de influir en la regulación financiera podría tener consecuencias significativas para la estabilidad del sistema bancario y la economía en general. Recordemos que, tras la crisis de 2008, la Fed ha incrementado su papel en la supervisión del sector financiero, implementando regulaciones más estrictas para evitar futuros colapsos.
Este decreto representa el último esfuerzo del Presidente por centralizar el poder del Poder Ejecutivo sobre el gobierno. Exige que las organizaciones independientes presenten las modificaciones propuestas a las normas a la Casa Blanca para su revisión y otorga a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) la supervisión de cómo estas instituciones gastan los fondos y establecen las prioridades. Adicionalmente, afirma que las interpretaciones de la ley realizadas por el Presidente y el Departamento de Justicia son vinculantes y que las interpretaciones alternativas requieren autorización. La administración Trump ya había mostrado interés en la composición de la junta de gobernadores de la Fed, nombrando candidatos que se alineaban con su visión económica.
La amplitud de la orden ha suscitado interrogantes sobre si el decreto de Trump es legalmente aplicable a una institución como la Fed, cuya independencia está consagrada en la ley. Además, ha alimentado la especulación de que el Presidente, quien tiene un historial de intentos de influir en las decisiones del banco central sobre las tasas de interés, podría eventualmente dirigir su escrutinio a las decisiones de política monetaria. La autonomía de la Fed es crucial para mantener la confianza en la economía y evitar que las decisiones monetarias sean influenciadas por consideraciones políticas a corto plazo.
