A menos de 48 horas para cerrar el año 2024, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la lista de diez partidos políticos que recibirán financiamiento público directo por un monto total de S/ 7,798,001.64. Según informó Renato Silva para Infobae, este desembolso corresponde al primer semestre del año 2025 y está destinado al fortalecimiento de actividades partidarias. Sin embargo, este reparto ha generado controversia, dadas las obligaciones pendientes de rendición de cuentas por parte de algunas de estas organizaciones.
¿Quiénes son los beneficiados?
La ONPE ha establecido que solo los partidos políticos con representación parlamentaria recibirán este financiamiento. Los montos se distribuirán de la siguiente manera:
- Partido Político Nacional Perú Libre: S/ 1,075,639.61
- Fuerza Popular: S/ 957,530.59
- Renovación Popular: S/ 843,268.72
- Acción Popular: S/ 825,571.60
- Alianza para el Progreso: S/ 741,414.23
- Avanza País – Partido de Integración Social: S/ 741,130.77
- Juntos por el Perú: S/ 687,321.48
- Partido Democrático Somos Perú: S/ 661,153.18
- Podemos Perú: S/ 644,211.68
- Partido Morado: S/ 620,759.78
Según la resolución oficial, estos montos serán transferidos a las cuentas de los partidos que cumplieron con los requisitos establecidos en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Sin embargo, la ONPE enfatizó que todas las organizaciones están obligadas a rendir cuentas hasta el 15 de julio de 2025 sobre el uso de estos fondos durante el primer semestre del año.
¿Cómo deben usar los partidos estos fondos?
La normativa establece que los partidos deben utilizar los recursos bajo estrictas pautas:
- Hasta el 50% para gastos operativos: Esto incluye la adquisición de bienes, contratación de personal y servicios necesarios para sus actividades políticas.
- El otro 50% para capacitación e investigación: Estos recursos deben destinarse a la formación de sus afiliados, la promoción de principios democráticos, y la difusión de idearios y valores, siguiendo criterios de igualdad, paridad y no discriminación.
“El financiamiento público tiene el objetivo de fortalecer a las organizaciones políticas y fomentar una participación ciudadana informada y equitativa”, señaló un funcionario de la ONPE en la resolución.
Polémica por el uso de dinero público
Aunque el financiamiento público está contemplado en la Ley de Organizaciones Políticas, diversos sectores han cuestionado la efectividad y transparencia del uso de estos recursos. En años anteriores, se han detectado irregularidades en los informes de algunos partidos.
Uno de los casos más controvertidos involucra a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien en 2023 recibió S/ 67,213.10 como sueldo por su rol de secretario general del partido. Este pago fue señalado por no cumplir con las normativas de bancarización, lo que representa una vulneración de la Ley N.° 28194, que lucha contra la evasión y fomenta la formalización de la economía.
Además, se reportó que Perú Libre destinó S/ 33,000 al abogado José Enrique Llumpo Agapito por asesorías legales, incluyendo la presentación de un recurso de habeas corpus para anular la condena de Cerrón en el caso Aeródromo Wanka. “Estos desembolsos deben ser fiscalizados, pues podrían estar desviando fondos públicos hacia objetivos personales o partidarios”, señalaron analistas políticos en su momento.
Reacciones ante el financiamiento
El anuncio de la transferencia de casi S/ 8 millones ha generado críticas entre ciudadanos y expertos, quienes consideran que no hay suficiente supervisión sobre el uso de estos fondos. “Es preocupante que partidos con antecedentes de irregularidades sigan recibiendo dinero público sin rendir cuentas claras. Esto solo alimenta la desconfianza hacia el sistema político”, comentó un analista en democracia y transparencia.
Por otro lado, los partidos beneficiados han defendido la importancia del financiamiento público para garantizar su funcionamiento y promover una mayor participación ciudadana. “Este apoyo permite que los partidos cumplan su rol en la formación política de sus afiliados y en la difusión de sus propuestas”, señaló un vocero de Acción Popular.
¿Por qué solo algunos partidos reciben fondos?
El financiamiento público solo está disponible para las organizaciones políticas con representación parlamentaria que hayan cumplido con los requisitos establecidos por la ONPE. Sin embargo, esto ha generado cuestionamientos sobre la exclusión de otros partidos y movimientos regionales que, a pesar de tener impacto político, no acceden a estos recursos.
“Es necesario revisar los criterios de distribución de estos fondos para asegurar que todas las organizaciones políticas tengan igualdad de oportunidades”, señaló un representante de un movimiento regional.
La necesidad de rendición de cuentas
La rendición de cuentas es una de las obligaciones más importantes asociadas al financiamiento público. Según la ONPE, los partidos tienen hasta el 15 de julio de 2025 para justificar el uso de los fondos transferidos en este primer semestre. Los informes deberán incluir detalles sobre las actividades realizadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados.
No obstante, el historial de incumplimientos en la rendición de cuentas por parte de varios partidos genera dudas sobre el destino final de estos recursos. “Si los partidos no cumplen con justificar el uso del dinero, deben ser sancionados severamente. No podemos seguir permitiendo la opacidad en el manejo de fondos públicos”, advirtió un experto en gobernabilidad.
¿Qué sigue para los partidos?
Con el inicio de un nuevo año, los partidos políticos tienen la responsabilidad de utilizar los recursos de manera adecuada y transparente. Además, deben trabajar en actividades que realmente fortalezcan la democracia y promuevan una participación política más inclusiva.
Sin embargo, las irregularidades detectadas en años anteriores ponen en duda la efectividad del financiamiento público como herramienta para fortalecer a las organizaciones políticas. Mientras tanto, los ciudadanos y las autoridades deben mantenerse vigilantes para garantizar que estos recursos no sean desviados hacia fines personales o partidarios.
