Diez partidos políticos con presencia en el actual Congreso están obligados a presentar, hasta este jueves 15 de enero, su rendición de cuentas por el financiamiento público directo recibido del Estado. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el monto total a sustentar supera los S/7 millones 798 mil, correspondiente al segundo semestre de 2025, y precisó que el objetivo es verificar y demostrar que no existieron irregularidades, desvíos o uso indebido de recursos públicos.
La lista de organizaciones que deberán transparentar sus gastos está encabezada por Perú Libre (S/1.075.639), Fuerza Popular (S/957.530) y Renovación Popular (S/843.268). A continuación figuran Acción Popular (S/825.571), Alianza para el Progreso (S/741.414) y Avanza País (S/741.130). También aparecen Juntos por el Perú (S/687.321), Somos Perú (S/661.153), Podemos Perú (S/644.211) y el Partido Morado (S/620.759), de acuerdo con el detalle comunicado por el organismo electoral.
La ONPE explicó que estos fondos fueron depositados mensualmente en cuentas bancarias de cada agrupación, luego del cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Con ello, las organizaciones quedan sujetas a una etapa posterior: la rendición documentada y verificable del gasto, que debe seguir parámetros de legalidad, finalidad pública y trazabilidad.
ONPE supervisará uso de dinero
La entidad señaló que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios realizará la revisión y control de la correcta ejecución del financiamiento entregado. Tras concluir la verificación, la ONPE emitirá un pronunciamiento sobre el cumplimiento de obligaciones y determinará si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionador. En otras palabras: la rendición no es un trámite simbólico, sino el punto de partida para confirmar si el gasto se ajustó a la norma o si amerita medidas administrativas.
El financiamiento público directo se otorga en el marco del artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que establece que los partidos que obtienen representación parlamentaria reciben recursos del Estado. Según la ONPE, el cálculo del monto responde a una fórmula legal: se multiplica el total de votos emitidos para la elección de congresistas por el 0,1% de la UIT, lo que define el presupuesto asignado a cada agrupación.
La norma también delimita qué se puede financiar y con qué proporción. La LOP permite que hasta el 50% del dinero público se use en funcionamiento ordinario y en bienes necesarios para las actividades del partido: compra de inmuebles, mobiliario u otros activos, además de contratación de personal y servicios. En ese marco se incluye la posibilidad de pagar asesoría y patrocinio legal para la organización política y para sus directivos, representantes y voceros en el ejercicio del cargo; sin embargo, si se dicta una sentencia condenatoria firme, debe devolverse el dinero empleado para ese fin.
Multas altas
La ONPE recordó que no menos del 50% del financiamiento recibido debe destinarse a formación, capacitación, investigación y difusión, aplicando criterios de igualdad, paridad y no discriminación. Estas actividades pueden estar vinculadas a procesos electorales y contemplan acciones como encuestas, desarrollo de herramientas digitales, procesamiento masivo de datos e implementación o mantenimiento de canales institucionales de comunicación, tanto físicos como digitales.
La regla central es clara: el financiamiento público directo no puede usarse con fines de lucro ni para objetivos distintos a los establecidos en la LOP. El incumplimiento constituye una infracción muy grave y puede acarrear una multa que va desde 31 UIT (S/170.500) hasta 100 UIT (S/550.000), además de la pérdida de la subvención. Con el plazo encima, la presentación de los reportes no solo marcará un deber administrativo: definirá si la ONPE valida la legalidad del gasto o si abre la puerta a sanciones.
