La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció este martes la apertura de un proceso sancionador contra el partido Fuerza Popular, liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, por presuntas irregularidades en el uso del financiamiento público directo. Según un informe elaborado por Luis Paucar para Infobae, la investigación preliminar detectó que Fujimori utilizó 27,921.53 soles provenientes del tesoro público para costear un viaje a Estados Unidos en mayo de 2024, lo que constituiría una infracción grave al marco legal vigente.
En declaraciones a Canal N, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, afirmó: “Hemos abierto un proceso sancionador al partido. Soy un órgano sancionador, por tanto, no puedo opinar sobre cuál es el devenir del expediente. Nuestro informe en primera instancia consigna que no se ha hecho buen uso de fondos públicos.”
Los detalles de las irregularidades
De acuerdo con el informe técnico publicado la semana pasada por Ideele Radio, el viaje de Fujimori se realizó entre el 28 y el 31 de mayo de 2024, en compañía del excongresista Juan del Águila y el asesor Marko Pacheco. Según el documento, el uso del financiamiento público no estuvo vinculado a actividades de capacitación o funcionamiento político, como establece la ley, y no fue informado con la antelación requerida de 15 días.
“El uso del financiamiento debe estar vinculado a aspectos de formación, capacitación y funcionamiento. Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado,” explicó Corvetto.
Además, el informe incluyó otros casos, como el del vocero del partido, Miguel ‘Miki’ Torres, quien utilizó 15,066 soles para viajar a Austria y participar en una convención de líderes católicos. Aunque Fuerza Popular justificó estos gastos como parte de su “defensa de la familia y promoción de ideas”, la ONPE determinó que no cumplían con los criterios de capacitación política.
“A raíz de estos hallazgos, el organismo electoral recomendó iniciar un procedimiento administrativo sancionador,” confirmó Corvetto.
Impacto legal y político
El caso también ha tenido implicaciones legales para Keiko Fujimori. Según el informe, el viaje a Estados Unidos ocasionó que el fiscal José Domingo Pérez, exintegrante del equipo especial Lava Jato, solicitara al Poder Judicial la revocación de la comparecencia con restricciones de Fujimori y la imposición de prisión preventiva en su contra. El fiscal argumentó que la excandidata incumplió las reglas de conducta al ausentarse de la ciudad de su domicilio sin previa autorización del juzgado.
En paralelo, el pasado lunes, la Corte Superior Nacional anuló el juicio que Fujimori enfrentaba por presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, retrocediendo el caso conocido como ‘Cócteles’ a la etapa intermedia del proceso judicial. “La decisión se basó en una sentencia previa del Tribunal Constitucional,” explicaron fuentes judiciales.
El financiamiento público directo: reglas y controversias
El financiamiento público directo está destinado a partidos políticos con representación en el Congreso y debe emplearse exclusivamente en actividades como formación, investigación y funcionamiento ordinario. Según la ONPE, el Estado asigna el 0,1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto emitido en elecciones parlamentarias.
De este total, el 40% se distribuye equitativamente entre todos los partidos con representación en el Congreso, mientras que el 60% se reparte según el número de votos obtenidos. Estas normativas buscan garantizar la transparencia y fortalecer el sistema democrático, pero los casos recientes ponen en duda su adecuada implementación.
“El uso inadecuado de fondos públicos constituye una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y puede derivar en sanciones administrativas y legales,” advirtió un experto en derecho electoral consultado para este artículo.
Casos similares: Renovación Popular bajo la lupa
Fuerza Popular no es el único partido investigado por la ONPE. Según un reporte de Perú21, el organismo también detectó irregularidades en el uso de fondos públicos por parte del partido Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Entre los gastos cuestionados figuran S/ 4,000 destinados a la contratación de un administrador de redes sociales para promocionar la cuenta de TikTok del alcalde, lo que fue considerado como promoción personal y no una actividad partidaria. Asimismo, se cuestionó el pago de S/ 28,000 a un abogado por servicios de defensa en un caso de lavado de activos y asociación ilícita.
“También se identificaron gastos en consumos personales, como la compra de sánguches en restaurantes, que no corresponden al uso adecuado de fondos públicos,” señaló la ONPE en su informe.
La institución advirtió que estos hallazgos podrían constituir una infracción grave a la normativa, por lo que también se abrió un procedimiento sancionador contra Renovación Popular. Hasta el momento, López Aliaga no se ha pronunciado al respecto.
