La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha revelado irregularidades en el uso de fondos públicos asignados al partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima. Según un informe citado por Infobae, la ONPE identificó que parte de los recursos destinados a la organización política se emplearon en actividades que no cumplen con los fines establecidos por la ley, como la promoción personal del alcalde y gastos en restaurantes.
De acuerdo con el documento, difundido inicialmente por Perú21, Renovación Popular gastó S/4,000 en un análisis de la cuenta de TikTok de López Aliaga, en el que se incluían estrategias para aumentar su número de seguidores. “En dicho documento se brindan propuestas para tener más seguidores en TikTok, como el de promocionar obras relacionadas con la Municipalidad de Lima”, concluyó la ONPE, enfatizando que este tipo de gasto no está permitido al tratarse de promoción personal y no de actividades propias del partido.
Otro hallazgo significativo fue un pago de S/28,000 al abogado Ander Yosip Galván Rivera por “servicios de asesoría y patrocinio legal” en una investigación sobre lavado de activos y asociación ilícita para delinquir que enfrenta el partido. José Naupari, abogado especialista en temas electorales, explicó a Perú21 que “el financiamiento público directo está pensado en gastos de funcionamiento ordinario, y una defensa legal no lo es”.
Asimismo, se detectaron gastos en las cadenas de restaurantes La Lucha y Bembos, lo que la ONPE calificó como inapropiado para el uso de dinero proveniente del financiamiento público directo.
Renovación Popular bajo la lupa por presunta infracción a la Ley de Organizaciones Políticas
La ONPE ha señalado que estos gastos podrían constituir una “presunta infracción a la Ley de Organizaciones Políticas”, lo que abriría la posibilidad de un procedimiento administrativo sancionador contra Renovación Popular. Sin embargo, hasta el momento, Rafael López Aliaga no ha emitido declaraciones al respecto.
El congresista Alejandro Muñante, vocero alterno del partido, afirmó al respecto: “Todo ha sido público, no hay nada escondido. Son observaciones que el mismo partido tendrá que levantar”. También mencionó que no tiene injerencia en la administración de los recursos del partido.
El Financiamiento Público Directo, regulado por la Ley de Organizaciones Políticas, está destinado a actividades específicas como formación, capacitación, investigación y funcionamiento ordinario de los partidos políticos. El monto asignado se calcula en base al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto emitido en elecciones congresales, y su distribución se realiza anualmente: el 40% de los fondos se reparte de manera equitativa entre los partidos con representación en el Congreso, mientras que el 60% se distribuye proporcionalmente según los votos obtenidos.
Similitudes con el caso de Fuerza Popular
Esta no es la primera vez que un partido político enfrenta cuestionamientos por el uso indebido de fondos públicos. Anteriormente, la ONPE encontró irregularidades en el financiamiento de un viaje de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, a los Estados Unidos entre el 28 y 31 de mayo de 2024.
El gasto, que ascendió a S/27,921.53, fue registrado como parte de actividades de capacitación, pero no cumplió con los requisitos legales, ya que el viaje consistió en visitas protocolares y reuniones, y no en actividades técnicas o académicas que aportaran al desarrollo político del partido.
El viaje de Fujimori provocó que el fiscal José Domingo Pérez, exintegrante del equipo especial Lava Jato, solicitara al Poder Judicial la revocación de la comparecencia con restricciones que pesaba sobre ella. Según Pérez, Fujimori incumplió las reglas de conducta al ausentarse de su ciudad de residencia sin autorización del juzgado. Este caso forma parte del proceso judicial conocido como “Caso Cócteles”, en el que Fujimori está imputada por presunto lavado de activos y recepción de aportes ilícitos en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Implicaciones políticas de los hallazgos de la ONPE
Los hallazgos de la ONPE sobre Renovación Popular no solo afectan la imagen del partido, sino que también ponen en entredicho la gestión de Rafael López Aliaga, quien ya ha enfrentado críticas por su manejo como alcalde de Lima. Además, el caso resalta un problema recurrente en el uso del financiamiento público directo por parte de las organizaciones políticas en Perú.
El abogado José Naupari señaló que estas irregularidades reflejan una falta de control en el sistema de financiamiento público y en la rendición de cuentas de los partidos. “El financiamiento público tiene como objetivo fortalecer el sistema democrático, pero estos casos muestran que, en algunos casos, los recursos son usados para fines personales o ajenos a los establecidos por la ley”, agregó.
Respuesta de Renovación Popular y próximos pasos
Ante los señalamientos, Renovación Popular tiene la oportunidad de presentar descargos ante la ONPE y subsanar las observaciones realizadas. Sin embargo, si se determina que hubo una infracción grave, la organización política podría enfrentar sanciones administrativas y económicas, que incluirían la devolución de los montos empleados indebidamente.
Por otro lado, los hallazgos también podrían influir en la percepción pública del partido y su líder, especialmente considerando que López Aliaga ha sido mencionado como potencial candidato presidencial en futuras elecciones.
Un sistema en necesidad de mayor supervisión
El caso de Renovación Popular y los antecedentes de Fuerza Popular destacan la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión sobre el uso del financiamiento público directo. La ONPE ha señalado en varias ocasiones que el mal uso de estos recursos debilita la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema político en general.
Mientras tanto, el debate sobre cómo se gestionan los recursos públicos asignados a los partidos políticos continúa. Para algunos analistas, estos casos evidencian no solo problemas de administración, sino también una falta de compromiso por parte de los líderes políticos para respetar los principios de transparencia y rendición de cuentas.
