Estados Unidos reportó la muerte de cinco presuntos integrantes de redes de narcotráfico tras ejecutar dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental, en el marco de su campaña antidrogas en la región. El Comando Sur sostuvo que, de acuerdo con su inteligencia militar, las naves se desplazaban por rutas identificadas de narcotráfico y participaban en operaciones ilegales, razón por la que se activaron los operativos.
Según el comunicado difundido en la cuenta oficial del Comando Sur, el saldo fue de tres fallecidos en la primera embarcación y dos en la segunda. La institución añadió que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la intervención.
Con estos nuevos ataques, la cifra total de muertes asociadas a la ofensiva —de acuerdo con datos oficiales citados por medios internacionales— asciende a al menos 104 desde que la estrategia se intensificó, lo que ha vuelto a colocar la operación bajo el foco del debate público y político.
Comando Sur
El Comando Sur indicó que la decisión se basó en información previa que ubicaba a las embarcaciones en corredores marítimos considerados clave para el tráfico de drogas. La versión oficial plantea que ambas naves se encontraban en tránsito por rutas “conocidas” de narco-tráfico y vinculadas a actividades ilícitas.
En paralelo, la difusión de material audiovisual del operativo —según reportes de prensa— muestra explosiones impactando a lanchas rápidas en alta mar, lo que refuerza la idea de una estrategia de “interdicción” con uso de fuerza letal desde plataformas militares.
Aun así, desde la óptica estadounidense, el objetivo de la operación es cortar rutas y logística del narcotráfico en aguas internacionales mediante vigilancia, control naval y acciones rápidas sobre objetivos identificados. El mensaje institucional insiste en que se trata de una respuesta preventiva para interrumpir flujos ilícitos y desarticular redes criminales que operan en el mar.
Escalada con saldo creciente
La ofensiva en el Pacífico Oriental se ha acelerado desde septiembre, con un número acumulado de ataques y víctimas que ya supera el centenar, según cifras oficiales citadas por agencias. En ese contexto, las nuevas muertes vuelven a elevar el costo humano de una estrategia que Washington presenta como parte de una campaña regional antidrogas.
El incremento de operaciones también ha traído mayor escrutinio. Reportes internacionales señalan que legisladores y sectores críticos cuestionan el encuadre de la campaña y piden explicaciones sobre el alcance legal, el control político y las garantías de identificación del blanco antes de autorizar ataques letales.
En la narrativa del Ejecutivo estadounidense, la operación se justifica como un esfuerzo necesario para interrumpir cadenas criminales y reducir el ingreso de drogas, mientras que los cuestionamientos se enfocan en el precedente que podría establecer el uso sostenido de fuerza militar en una misión antidrogas. Parte de ese debate se ha amplificado con declaraciones y cobertura que vinculan la escalada con decisiones de alto nivel en Washington y con tensiones regionales.
Por ahora, el Comando Sur mantiene su posición: los objetivos atacados habrían sido identificados por inteligencia como partícipes de operaciones ilegales, y los resultados reportados —cinco muertos, sin heridos estadounidenses— se presentan como parte de una campaña que continuará mientras se sostenga la estrategia de interdicción en rutas marítimas del narcotráfico.
