Narcotráfico, minería informal y tráfico de tierras serían los responsables de crímenes
Vivir en zozobra se ha vuelto una práctica común entre los indígenas cacataibo que habitan en la frontera con Huánuco y Ucayali y es que la modificación de la Ley Forestal, que busca salvaguardar la vida de quienes protegen el patrimonio nacional, ha resultado hasta ahora ineficiente por falta de presupuesto y articulación.
Dicha ineficiencia por parte del gobierno nacional ha dejado como resultado la muerte de ocho líderes ambientales y una comunidad totalmente intimidada por el crimen organizado.
En este sentido, el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), el apu Herlin Odicio, decidió hace tres meses mudarse a la ciudad con su familia por miedo.
“Fue por seguridad, para estar más tranquilo. Más convenía cuidarme yo mismo a que lo haga el Estado”, sostuvo.
Así como él, hay 29 dirigentes comunales que también están amenazados, sin contar las decenas de defensores ambientales que están amenazados de muerte a nivel nacional.
Caso del líder yanesha
Aunque no se ha determinado a los responsables intelectuales y materiales de los sangrientos crímenes, las autoridades sospechan que serían organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, minería informal, tráfico de tierras y deforestación.
Este año, en el Perú, ocho protectores del ambiente han sido asesinados. Tres más con respecto al año anterior. La cifra coincide con un incremento de la violencia ejercida contra estos actores socioambientales y con la escasa respuesta del aparato estatal para salvaguardarlos.
De acuerdo con el mapa interactivo Resistentes del Perú, de Convoca.pe, en los últimos diez años la mayoría de las 36 víctimas mortales son provienen de Ucayali (7).
Los otros líderes comunales asesinados son de Loreto (7), Junín (5) y Huánuco (5), donde también se han registrado varios asesinatos durante la última década.
El ataque mortal más reciente ocurrió el pasado 5 de diciembre pasado en Puerto Inca y la víctima fue Vilca Ampichi López, líder yanesha de la comunidad nativa San Juan de Pachitea, quien recibió 14 balazos.
De acuerdo con un informe de Global Witness 2022, Perú registró 51 homicidios de defensores ambientales entre 2012 y 2021, convirtiéndose así en el séptimo país con más fallecidos en Latinoamérica por grupos armados.
Ante esta alarmante situación, el gobierno peruano en el 2021 implementó un mecanismo intersectorial para proteger la integridad y vida de las personas defensoras de derechos humanos a cargo del Ministerio de Justicia (Minjus).
Sin embargo, de acuerdo al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Álvaro Masquez, este mecanismo está lejos de funcionar de manera satisfactoria.
“El liderazgo del sector Justicia es precisamente una de las principales limitaciones del mecanismo, pues esta cartera (Minjus) carece de capacidades operativas, a diferencia del Ministerio del Interior (Mininter). De hecho, la labor del Minjus es más burocrática y pasiva, ya que de este no dependen de las fuerzas del orden. Y mientras que las amenazas persisten, el mecanismo sigue sin tener la efectividad deseada”, expresó
Masquez precisó además que el mecanismo intersectorial establece un Procedimiento de Alerta Temprana (PAT), que otorga medidas urgentes de protección a las personas defensoras de los derechos humanos.
“Este proceso incluye la emisión de una resolución viceministerial por parte del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (Minjus), el cual debe incluir un plan de actividades elaborado por el Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Policía Nacional del Perú. No obstante, hasta la fecha dicha cartera no ha elaborado ninguna planificación de acción”, resaltó el abogado.
EL DATO
Carlos Quispe, especialista legal de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), añadió que el principal problema del mecanismo estatal para proteger a los defensores es el bajo presupuesto del Mininter y la Policía.
