El robo a Kim Kardashian en París, ocurrido en octubre de 2016, ha llegado a su fin judicial casi una década después, con la sentencia de ocho personas por su implicación en el audaz asalto. Este suceso no solo puso en entredicho la seguridad de las celebridades durante la Semana de la Moda de París, sino que también generó un debate sobre la vulnerabilidad de la información personal compartida en redes sociales.
Según la investigación publicada por The New York Times, un tribunal en París dictaminó sentencia el viernes contra siete hombres y una mujer, hallándolos culpables de cargos que varían desde la participación directa en el robo hasta la complicidad.
Las penas impuestas oscilan entre tres y ocho años de prisión, significativamente menores a las solicitadas por la fiscalía, y en su mayoría fueron suspendidas total o parcialmente. Debido al tiempo ya cumplido, ninguno de los acusados regresará a prisión. El juez David De Pas reconoció que las sentencias eran “bastante indulgentes”, argumentando la avanzada edad y los problemas de salud de muchos de los acusados, así como su buen comportamiento durante los últimos nueve años. A pesar de ello, el juez recalcó que “hicieron daño”.
Dos acusados fueron absueltos, incluyendo a Gary Madar, hermano del que fuera conductor de Kardashian en el momento del robo. La fiscalía los había acusado de proporcionar información sobre la agenda de la celebridad a los asaltantes. Los principales sospechosos, apodados por la prensa como los “abuelos ladrones”, un grupo de criminales con edades comprendidas entre los 60 y 70 años, fueron acusados de perpetrar uno de los robos a celebridades más audaces en la historia reciente de Francia. Este caso recordó a otros robos de alto perfil en el mundo del entretenimiento, como el robo de joyas a Joan Collins en 1994, aunque la magnitud y la planificación del asalto a Kardashian lo diferenciaron.
Kardashian, de 44 años, quien no asistió a la audiencia del viernes, testificó a principios de este mes sobre el temor por su vida durante el asalto, lo que la impulsó a reforzar significativamente su seguridad privada y a reducir la cantidad de información personal y en tiempo real que compartía en línea. A través de un comunicado, expresó su gratitud a las autoridades francesas por buscar justicia en el caso, describiendo el crimen como la experiencia más aterradora de su vida, con un impacto duradero en ella y su familia. No obstante, manifestó su creencia en el poder del crecimiento y la responsabilidad, y expresó su deseo de sanación para todos los implicados.
La mayoría de las joyas robadas, incluyendo un anillo de compromiso de diamantes valorado en $4 millones, obsequio de su entonces esposo, no han sido recuperadas. Se estimó que el valor total de las joyas robadas ascendía al menos a ocho millones de euros, o aproximadamente $9 millones. La indemnización que recibió Kardashian por parte de la aseguradora fue de alrededor de $6 millones.
De los diez acusados, solo dos reconocieron su participación. Aomar Aït Khedache, de 69 años, cuyo ADN fue encontrado en la escena del crimen, fue declarado culpable de planear el robo, reclutando cómplices, dando órdenes y organizando la venta de los diamantes robados en Bélgica. Fue sentenciado a ocho años de prisión, la mayoría de los cuales fueron suspendidos. Yunice Abbas, de 72 años, quien actuó como vigilante, también admitió su participación y fue sentenciado a siete años de prisión, con la mayor parte de la pena suspendida. Durante el juicio, se revelaron detalles sobre las dificultades de salud de los acusados, como la sordera de Khedache y el Parkinson de Abbas, lo que influyó en la decisión del tribunal.
La fiscalía argumentó que los acusados eran criminales experimentados y que habían preparado cuidadosamente el robo, sin mostrar empatía por Kardashian ni por el vigilante nocturno de la residencia. Los abogados de los acusados más ancianos argumentaron que no existía riesgo de que cometieran más crímenes y que obligarlos a pasar el resto de sus vidas tras las rejas sería innecesariamente cruel, dados sus problemas de salud. El juez De Pas afirmó que el tribunal consideró que sería “éticamente” incorrecto enviar de vuelta a prisión a aquellos condenados con graves problemas de salud, sin importar la gravedad de sus actos, mostrando sensibilidad ante el tiempo transcurrido.
