La adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) enfrenta un obstáculo significativo tras la promulgación de una ley que debilita la colaboración eficaz, herramienta clave en la lucha contra la corrupción. Según revelaciones del periodista Paolo Benza, un comunicado del Comité Anticorrupción de la OCDE enviado en octubre del año pasado al entonces primer ministro Alberto Otárola, exigía al gobierno peruano cumplir con ciertas condiciones esenciales antes de continuar con su evaluación de adhesión.
La carta, cuya existencia no se había divulgado previamente, advertía que la nueva legislación representaba un “obstáculo insalvable” para el proceso de integración de Perú en la organización internacional. Esta situación ha llevado a la OCDE a “congelar” temporalmente el proceso, pendiente de una evaluación más detallada por parte de una comisión multisectorial.
La situación se agrava con la reciente renuncia de Sara Farfán, encargada del proceso de adhesión en temas de integridad, lo que complica aún más las perspectivas de Perú. A pesar del optimismo mostrado por el ministro de Relaciones Exteriores sobre una posible finalización del proceso para 2026, expertos y reportes sugieren que la adhesión podría estar en serio riesgo si no se resuelven los problemas planteados por la OCDE.
