Saludamos la reciente iniciativa del gobernador regional de Huánuco, quien ha comenzado a anunciar un paquete de obras de infraestructura vial y educativa largamente esperadas en la región. La noticia de que se culminarán y ejecutarán tramos claves de carreteras y centros educativos representa, sin duda, un primer paso alentador frente a una realidad de abandono y postergación que ha durado décadas.
Sin embargo, lo relevante no es la promesa, sino el contexto que la empuja. El deterioro extremo de las vías, la caída estructural de algunas escuelas y la creciente presión ciudadana —expresada en paros anunciados, reclamos vecinales y fiscalizaciones— son factores que han obligado al Gobierno Regional de Huánuco a reaccionar. Se trata, más que de una agenda planificada, de una respuesta tardía a una crisis innegable.
La indignación ciudadana tiene fundamentos sólidos: hay tramos de vía entre Huánuco, Pachitea y la selva central que llevan más de 80 años esperando pavimentación o mantenimiento adecuado. Asimismo, comunidades como Chavinillo, Tomaykichwa, Ambo o Chaglla han convivido con rutas intransitables, peligros constantes para transportistas, agricultores y escolares.
La falta de conectividad ha frenado el comercio, aislado centros poblados enteros y encarecido la vida en zonas rurales. Por eso, cada vez que un gobernador ofrece “nuevos inicios” de obra pública, la población recibe el anuncio con más escepticismo que entusiasmo.
El consejero regional Olchese Tarazona ha señalado que algunas decisiones clave en la gestión actual —como la reincorporación de un funcionario ya cuestionado por su falta de iniciativa técnica— podrían comprometer la ejecución real del plan vial prometido. Según indicó, esta reincorporación refleja una continuidad de errores pasados, donde primaron las contrataciones por conveniencia política antes que por méritos profesionales.
Desde varias provincias, los propios consejeros han advertido que si no se garantiza una supervisión rigurosa y una ejecución efectiva, estas obras podrían quedar nuevamente inconclusas. Existen antecedentes preocupantes: el “paquete de obras” incluye proyectos con hasta 10 años de espera, y cuya ejecución ha sido postergada gestión tras gestión sin mayores explicaciones públicas.
Estamos a menos de un año del cierre de este periodo de gobierno, y lo que está en juego no son votos ni imágenes de campaña, sino la dignidad de miles de familias que dependen de estas vías para acceder a salud, educación y comercio.
El tiempo de las excusas ha terminado. Las lluvias se aproximan y con ellas, el riesgo de que las carreteras vuelvan a convertirse en una trampa mortal. La historia no absolverá a quienes prometieron y no cumplieron.
