En medio de un clima de creciente malestar vecinal, Buenaventura Fernández Atavillos, presidente del Comité 11 de Aparicio Pomares, denunció que la municipalidad mantiene casi un año de demora en la actualización del expediente técnico para la ejecución de obras de pistas y veredas en el jirón Esteban Pavletich, así como el saneamiento básico y cambio de alcantarillado en Micaela Bastidas. Señaló que la población ha esperado avances concretos desde que estos proyectos fueron aprobados en el proceso de presupuesto participativo desarrollado entre el 14 y 21 de febrero de 2025, sin que hasta el momento se materialice la actualización técnica necesaria para continuar con el procedimiento.
El dirigente sostuvo que la preocupación de los vecinos se ha intensificado porque, pese a múltiples coordinaciones, el trámite no se destraba. “Hemos conversado casi todo el año”, afirmó, señalando que presentaron documentos y memoriales, y que en distintas ocasiones recibieron respuestas que indicaban que el tema sería atendido. Sin embargo, según relató, tras cada compromiso transcurre el tiempo sin acciones verificables. En su declaración, expresó que la población se siente “objeto de burla” ante promesas reiteradas y resultados inexistentes, y atribuyó la falta de avance a una combinación de desidia y deficiencias de gestión en el manejo del procedimiento administrativo.
Fernández Atavillos remarcó que el reclamo no se basa en un pedido reciente o improvisado, sino en un acuerdo formal generado en el marco del presupuesto participativo. Según explicó, allí se aprobó el proyecto para mejorar vías y saneamiento, pero el paso previo —la actualización del expediente técnico— no se habría completado. En la práctica, sostuvo, esa demora impide que se concrete la obra en campo, afectando a familias que esperan mejoras en transitabilidad y servicios básicos.
Cambio de unidad ejecutora
Uno de los aspectos centrales y más delicados de la denuncia se relaciona con el intento de cambiar la unidad ejecutora, es decir, trasladar el proyecto para que lo ejecute el Gobierno Regional de Huánuco en lugar de la municipalidad. Fernández Atavillos explicó que esta fue una vía planteada desde la comuna; sin embargo, afirmó que el Gobierno Regional emitió un documento indicando que no atenderá el proyecto durante el año fiscal, debido a que no se habrían cumplido los requisitos administrativos necesarios para su evaluación.
Plazo límite
Ante el escenario descrito, Fernández Atavillos indicó que el comité está solicitando que la municipalidad actualice el expediente técnico y, en paralelo, gestione y firme el convenio con el Gobierno Regional para destrabar la intervención. En esa línea, fijó un plazo concreto: hasta el 20 de febrero, fecha en la que esperan que se remita la documentación y se encamine formalmente el proceso.
El dirigente advirtió que, si la municipalidad no cumple dentro de ese plazo, el comité y los vecinos evaluarán acciones de presión social. Mencionó explícitamente la posibilidad de realizar un plantón, una marcha o una protesta, señalando que la población no está dispuesta a seguir esperando sin resultados. En su declaración, la protesta se plantea como una medida final ante lo que consideran incumplimiento de compromisos asumidos en un mecanismo participativo.
