La región Huánuco atraviesa una crisis estructural que trasciende la simple ineficiencia administrativa: vivimos bajo el peso acumulado de obras paralizadas, equipamientos incompletos, edificaciones defectuosas y una evidente falta de voluntad para cumplir lo prometido. Lo que debió ser desarrollo se ha convertido en frustración; lo que se anunció con discursos grandilocuentes hoy languidece entre filtraciones, techos mal sellados y maquinaria que nunca debió llegar en ese estado.
Ejemplo palpable de este preocupante escenario es la situación del colegio Hermilio Valdizán, cuya moderna infraestructura fue inaugurada en 2022, pero que —tres años después del inicio de su implementación— aún no cuenta con el equipamiento técnico completo. Según su director, Percy Cámara Acero, el avance no llega ni al 70 %, mientras que algunas de las máquinas entregadas para la enseñanza técnica presentan signos de manipulación, repintado y ensamblajes improvisados. Estas irregularidades han sido puestas en conocimiento de la Contraloría, pero hasta ahora no hay consecuencias visibles.
El reclamo no exige más de lo previsto. El expediente técnico —aquel que el propio Gobierno Regional aprobó— sigue vigente, y la institución exige simplemente que se cumpla lo estipulado. No se trata de una ampliación presupuestal ni de exigencias adicionales, sino del mínimo respeto por la planificación original. ¿Por qué entonces se tolera la entrega de bienes sin garantías completas o con procesos administrativos irregulares? ¿Dónde quedó la fiscalización que debería velar por la calidad de lo público?
Como si fuera poco, el colegio también enfrenta filtraciones graves que comprometen instalaciones eléctricas, lo que ha obligado a asumir reparaciones con fondos propios. Así, una obra recientemente entregada ya implica riesgos para estudiantes y docentes. ¿Cómo se permite esto? ¿Quién asume la responsabilidad por estas deficiencias estructurales en una obra “nueva”?
La situación del colegio Hermilio Valdizán no es un caso aislado. Basta con mirar el panorama en provincias como Pachitea, donde la ciudadanía ha decidido convocar a un paro regional indefinido por el abandono de obras valorizadas en más de 100 millones de soles. Hospitales inconclusos, carreteras detenidas, colegios a medio hacer. Mientras tanto, la autoridad regional guarda silencio o justifica los retrasos con vaguedades.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿cuál es el compromiso real de nuestras autoridades con la educación, la salud y el desarrollo? ¿Para qué sirven las inauguraciones si el contenido es puro cascarón? ¿Hasta cuándo se permitirá que los estudiantes egresen sin haber tocado una sola máquina en sus talleres, mientras estas siguen envueltas en plástico, sin entrega formal?
La responsabilidad institucional no se mide por discursos, sino por resultados. Las autoridades están para resolver problemas, no para crearlos o perpetuarlos. Los ciudadanos no pueden seguir siendo espectadores impotentes de una gestión que, en lugar de construir futuro, deja estructuras vacías y frustraciones profundas.
