Después de meses, sino años, de parálisis, por fin se anuncian algunas obras en Huánuco. Sin embargo, lejos de celebrar, corresponde analizar este fenómeno con cautela y desde el principio ético que nos rige: los recursos públicos no son dádivas ni regalos del poder, son compromisos que deben ser ejecutados y, sobre todo, informados con claridad y transparencia.
En los últimos días, se han iniciado trabajos de mejoramiento vial en zonas como el jirón Leoncio Prado y la prolongación San Martín, en Amarilis, en el marco de un convenio con Provías. Si bien esta acción era largamente esperada, el silencio institucional que la rodea resulta preocupante. El Gobierno Regional no ha emitido información oficial detallada ni a través de su oficina de Relaciones Públicas, ni mediante pronunciamientos formales que expliquen el alcance, presupuesto o cronograma de las obras.
Las únicas declaraciones provienen del ingeniero Mendoza Navarro, quien alude al uso de plantas de asfalto construidas en la región, lo cual –de ser cierto– permitiría una ejecución más eficiente. Pero aquí lo sustancial no es la maquinaria, sino el deber de rendición de cuentas. ¿Por qué se oculta el monto exacto de inversión? ¿Por qué los ciudadanos deben enterarse de obras públicas a través de terceros y no del propio gobierno regional?
Este hermetismo no es nuevo. La gestión del alcalde de Huánuco, Antonio Jara, también ha mostrado sistemáticamente una preocupante opacidad informativa. Pocas veces, si alguna, se ha dado cuenta pública del uso de fondos recaudados, ni en ferias ni en obras como los rompemuelles instalados sin informes técnicos ni cifras oficiales. Esa conducta, además de lesionar el derecho ciudadano a la información, abre la puerta a la desconfianza y a las especulaciones.
En paralelo, el silencio político se rompe solo cuando las encuestas o los calendarios electorales aprietan. ¿Es casual que estas ejecuciones se reactiven ahora que se vislumbra un escenario de reelección? ¿O acaso el temor a la rendición de cuentas se disipa cuando asoman las urnas?
Lo cierto es que toda inversión pública exige vigilancia ciudadana y fiscalización técnica real, no anuncios vacíos ni promesas reiteradas. Huánuco no puede seguir siendo rehén del secretismo, de obras sin expediente público ni monitoreo comunitario, ni de funcionarios que solo se muestran activos cuando se acerca el final del mandato.
Y si hay un trasfondo político detrás de estas reactivaciones, corresponde a las autoridades explicarlo con claridad. De lo contrario, la ciudadanía está en pleno derecho de dudar. Porque ya sabemos cómo terminan muchas de estas obras: con arbitrajes millonarios, adendas sospechosas o, peor aún, con carpetas fiscales abiertas y gestores que acaban enfrentando juicios por corrupción.
