- Contraloría General de la República identifica presunta responsabilidad penal y administrativa en siete exfuncionarios y pagos indebidos por supervisión de S/ 3.6 millones
- Provias Nacional otorgó S/ 49 millones en adelantos irregulares y pagó S/ 3.6 millones por supervisión no realizada
La Contraloría General de la República ha sacado a la luz graves irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la obra vial Oyón-Ambo. Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 20836-2023-CG/MPROY-AC, Provias Nacional otorgó adelantos financieros irregulares por S/ 49,867,823 a la empresa contratista encargada del Tramo I de la carretera.
Además, se pagaron S/ 3.6 millones por servicios de supervisión que no se llevaron a cabo, poniendo en tela de juicio la integridad y eficacia de la administración pública. Este proyecto, valorado en S/ 356,480,312, fue contratado el 17 de julio de 2018 con un plazo de ejecución de 720 días calendario.
Según el informe de auditoría, el contrato preveía la entrega de adelantos para la compra de materiales. El contratista presentó tres solicitudes de adelantos, todas aprobadas por Provias Nacional, sumando un total de S/ 67,657,542 desembolsados.
Dieron la conformidad de trámite y pago pese a no demostrarse la necesidad inmediata de su uso, además de estar la obra atrasada y el contratista no había presentado el Calendario de Avance de Obra (CAO) Acelerado ni el Calendario de Adquisición de Materiales correspondiente, indica el documento.
Adelantos irregulares
Estas prácticas resultaron en una liquidez financiera no justificada para el contratista de S/ 49 867 823. Según la Contraloría, «Provias Nacional perdió el control y custodia de tales fondos públicos, sin que estos sean utilizados o cumpliesen la finalidad pública para los cuales estaban previstos».
«De los hechos expuestos se ha evidenciado que el accionar del señor Juan Arturo Mireles Cancino fue negligente», señala el informe, haciendo referencia a uno de los siete exfuncionarios identificados con presunta responsabilidad penal y administrativa.
De acuerdo a la Contraloría, «los hechos expuestos se originaron debido al actuar doloso de los funcionarios de Provias Nacional», quienes favorecieron al contratista sin verificar la necesidad real y la finalidad de los adelantos.
El informe también revela retrasos en la aprobación de las Prestaciones Adicionales de Obra (PAO), lo que llevó al otorgamiento de tres ampliaciones de plazo. «Fue negligente, en tanto que, al emitir los oficios referidos al trámite y aprobación de las prestaciones adicionales de obra… ocasionó que se efectúen pagos a la supervisión por la suma de S/ 3,691,915.02», cita el informe, refiriéndose a Luis Ricardo Chávez Ocampo.
Supervisión no realizada
El informe también destaca que se pagaron S/ 3 698 063 por servicios de supervisión que no se llevaron a cabo. Además, se identificaron retrasos en la aprobación de las Prestaciones Adicionales de Obra (PAO) relacionadas con la construcción de muros de contención adicionales.
«Ante los hechos expuestos, conllevaron a que se beneficie a la Supervisión con el pago de las valorizaciones realizadas por las PASS n.° 3 y 5, por el monto de S/ 3,691,915.02 (incluido IGV), sin haberse cumplido la finalidad prevista para tales recursos», indica el informe.
Presuntos responsables
La auditoría identifica presunta responsabilidad penal y administrativa en siete exfuncionarios de Provias Nacional. Entre ellos, Juan Arturo Mireles Cancino, especialista en administración de contratos; Juan Carlos Paúcar Guerra, jefe de Gestión de Obras; y Luis Ricardo Chávez Ocampo, firector de la Dirección de Obras.
«Ante los hechos expuestos, conllevaron que se beneficie a la Supervisión con el pago de las valorizaciones realizadas por las PASS n.° 3 y 5, por el monto de S/3 691 915.02 (incluido IGV), sin haberse cumplido la finalidad prevista para tales recursos».
Datos:
El contrato de Consultoría de Obra fue suscrito con el Consorcio Supervisor Oyón, integrado por Diall S.A.C. y Lagesa Ingenieros Consultores S.A. El informe insta a Provias Nacional a implementar mecanismos de control interno más estrictos y a tomar medidas para recuperar los pagos irregulares.
