Una jornada de alta tensión se registró en la comunidad campesina de Joraniyoc, distrito San Francisco de Asís de Yarusyacán, región Pasco, tras un violento enfrentamiento entre comuneros y efectivos de la Policía Nacional del Perú. El choque dejó nueve agentes heridos, uno de ellos de gravedad, y derivó en denuncias por presuntas acciones realizadas al margen de la ley, además de la desaparición temporal de armamento y otros equipos policiales durante los disturbios.
De acuerdo con el reporte oficial, en un primer momento se alertó sobre la desaparición de dos escopetas, un lanza gas y un arma de perdigones. Posteriormente, dichas armas fueron ubicadas en el mismo escenario de los hechos, aunque las circunstancias de su hallazgo aún son materia de investigación. Sin embargo, el casco y el teléfono celular pertenecientes a un efectivo que resultó agredido —quien permanece internado en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión— continúan desaparecidos, por lo que se presume que algunos participantes del enfrentamiento habrían tomado estos objetos, situación que será denunciada una vez se identifique plenamente a los responsables.
El general PNP Carlos Torres Aragonez, jefe de la DIRTEPOL Pasco, informó que los policías fueron atacados con hondas y piedras, registrándose lesiones de diversa consideración. Según explicó, la intervención policial se produjo en el contexto de exigencias planteadas por la comunidad, relacionadas con un presunto incumplimiento de convenios por parte de la empresa minera Nexa. La autoridad señaló que, pese a la gravedad del episodio, el conflicto se encontraba controlado al cierre del reporte, aunque se mantienen medidas preventivas para evitar nuevos brotes de violencia.
En paralelo, el mando policial advirtió que los comuneros no habrían tramitado solicitud de garantías u otros mecanismos formales previos, por lo que la medida de fuerza adoptada se habría ejecutado sin el amparo correspondiente, lo que agravaría la situación legal de quienes participaron en los ataques y en la presunta sustracción de equipos.
Las diligencias continúan para determinar responsabilidades. La Policía y el Ministerio Público recabarán declaraciones, evaluaciones médico legales de los heridos, actas de constatación e información audiovisual disponible, con el fin de reconstruir la secuencia de hechos y establecer si existieron delitos contra la integridad de los efectivos, daños, resistencia a la autoridad o apropiación de bienes. El caso reabre la preocupación por la escalada de conflictos sociales en zonas de influencia minera y el riesgo de que estos deriven en hechos de violencia con consecuencias graves.
