La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco consiguió que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra Elmer Martínez, investigado por el presunto delito de receptación agravada, tras una intervención en un local de venta de equipos móviles en las galerías Huánuco, informó el Ministerio Público.
Según la tesis fiscal, la medida responde a que existirían graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con la comercialización de equipos con procedencia ilícita. La investigación es conducida por el fiscal provincial César Fernando Palli Calla, quien sustentó el pedido de coerción procesal ante el juzgado.
Incautación en stand comercial
De acuerdo con las diligencias, Martínez fue intervenido en un stand comercial donde se hallaron 15 teléfonos celulares y 28 equipos desarmados. La Fiscalía señaló que varios de estos aparatos figuraban como sustraídos, clonados o duplicados en el sistema de OSIPTEL, lo que reforzó la sospecha de que estaban vinculados a hechos delictivos previos.
El Ministerio Público indicó que los equipos incautados habrían provenido de robos agravados, por lo que se configuraría el delito de receptación agravada, cuya pena —remarcó la Fiscalía— supera los cinco años de privación de libertad. En esa línea, sostuvo que el investigado habría tenido conocimiento del origen ilícito de los celulares y partes decomisadas.
Riesgo procesal y seguridad ciudadana
La solicitud de prisión preventiva, según lo expuesto por la Fiscalía, se sustentó también en la presunta existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la investigación, criterios que el juzgado valoró para adoptar la medida mientras continúan las diligencias.
En los alrededores de galerías y mercados donde se ofrecen equipos a bajo costo, ciudadanos consultados señalaron que el comercio de celulares “de segunda” suele generar dudas sobre su procedencia y pidieron mayor control para evitar que compradores terminen involucrados sin saberlo.
El Ministerio Público afirmó que mantendrá acciones contra los delitos contra el patrimonio y reiteró que busca fortalecer la respuesta frente a hechos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía sostuvo que, además de los hallazgos en el local intervenido, el caso presenta un riesgo procesal que haría necesaria la medida más gravosa. Según el Ministerio Público, se advirtió peligro de fuga por la eventual severidad de la pena y por las facilidades que tendría el investigado para eludir la acción de la justicia, así como riesgo de obstaculización, debido a la posibilidad de influir en testigos o dificultar la verificación de la procedencia de los equipos incautados.
