En una decisión que ha generado un amplio debate, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso del Perú aprobó una propuesta legislativa que permitiría a la Policía Nacional del Perú (PNP) el uso de armas de fuego en situaciones de flagrancia delictiva cuando esté en riesgo la vida de ciudadanos o de los propios agentes. La iniciativa, planteada por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular y respaldada por la comisión presidida por Adriana Tudela (Avanza País), busca reformar el Decreto Legislativo N° 1186, que regula actualmente el uso de la fuerza por parte de la PNP, según informó La República.
Este dictamen modifica el artículo 8, numeral 8.3 del Decreto Legislativo, estableciendo que la PNP puede usar armas letales en defensa propia o en defensa de otras personas cuando exista un peligro “real o inminente de muerte”. Además, la normativa indica que el uso de armas de fuego también podrá considerarse en situaciones de amenaza directa o resistencia violenta durante la comisión de delitos graves.
En el documento aprobado se especifica: “Cuando en un delito flagrante se utilicen armas de fuego u otros elementos de evidente peligrosidad, que pongan en grave riesgo la vida de las personas o de los miembros de la Policía Nacional del Perú, el o los delincuentes podrán ser abatidos en el lugar de los hechos, debiéndose considerarse esta acción como un acto de legítima defensa o presunción de legalidad”. Asimismo, se ha encomendado al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la PNP proporcionar la capacitación necesaria a los efectivos en todos los niveles jerárquicos.
Ministro del Interior apoya el uso de armas para seguridad nacional
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, mostró su respaldo a la propuesta y exhortó a los efectivos de la PNP a utilizar las armas provistas por el Estado en situaciones de peligro inminente, destacando la necesidad de un marco jurídico que proteja a los policías en tales escenarios. “Es importante decirle a los efectivos policiales: usen sus armas de fuego, usen las armas que el Estado les ha entregado para garantizar la seguridad”, expresó Santiváñez. Asimismo, reveló que, según datos del Ministerio del Interior, hay actualmente 329 policías procesados por usar sus armas en defensa propia, una cifra que ha causado preocupación y reforzado el debate sobre la protección legal a los agentes en su labor de proteger a la ciudadanía.
La medida, no obstante, ha suscitado controversia en diversos sectores sociales y políticos. Los críticos advierten que podría interpretarse como una flexibilización en el uso de la fuerza letal, lo cual genera dudas sobre el impacto en los derechos humanos y en el manejo de la violencia por parte de las fuerzas del orden.
