Decano Hernán Cajusol advierte sobre los riesgos de asignar a la Policía la investigación preliminar
La reciente aprobación de una ley por el Congreso que asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de investigar delitos en su etapa preliminar, en lugar del Ministerio Público, ha generado alarma en el sector jurídico. Hernán Cajusol, decano del Colegio de Abogados, expone su preocupación y el impacto negativo que esto puede tener sobre la administración de justicia.
“La cura es peor que la enfermedad”
Cajusol explica que, aunque la población percibe esta medida como un avance, debido a la ineficacia de algunos fiscales, en realidad, se trata de un retroceso. “El Ministerio Público, según mandato constitucional, es el encargado de liderar las investigaciones, mientras que la Policía actúa como apoyo. Este equilibrio es esencial para garantizar un proceso justo”, comenta. La nueva ley podría crear un caos entre las dos instituciones y volver a errores del pasado, cuando la Policía dirigía las investigaciones sin el conocimiento jurídico adecuado.
Falta de formación en ambas instituciones
El argumento principal de los defensores de la ley es que los abogados y fiscales no están lo suficientemente capacitados en investigación criminal, lo que Cajusol refuta indicando que el problema es mutuo. “La Policía tampoco tiene la formación jurídica que poseen los fiscales. Lo que se debería haber hecho es fortalecer ambas instituciones, no debilitar el rol del Ministerio Público”, agrega.
Cajusol enfatiza que tanto en la Policía como en la Fiscalía se observan deficiencias que no se resuelven con esta nueva normativa. “Policías mal capacitados y fiscales con demasiados casos asignados son parte del problema que enfrenta el sistema judicial. La solución no pasa por asignar más responsabilidad a una institución sobrecargada, sino por dotar de los recursos necesarios para que ambas hagan su trabajo adecuadamente”.
Una tendencia internacional
A nivel global, sostiene Cajusol, la práctica más común es que el Ministerio Público, como representante de la sociedad, dirija las investigaciones criminales. “Lo que se debería exigir es que la Fiscalía cumpla su rol de manera eficiente, y para eso es necesario reducir la carga de trabajo de los fiscales y proporcionar los recursos logísticos necesarios”, afirma.
Sin embargo, asegura que el problema de fondo es político. “No se invierte en justicia, educación o salud, porque no son sectores que garanticen votos. Los políticos prefieren destinar el presupuesto a programas que les generen réditos electorales”, dice Cajusol, mostrando su escepticismo ante las prioridades del Estado.
Dato:
El decano es contundente en su diagnóstico: “Estamos retrocediendo en múltiples áreas, no solo en la justicia. En educación también se han aprobado normas que eliminan avances como la meritocracia, y seguramente veremos lo mismo en otros sectores, como la salud”, concluye, dejando en claro que la situación es crítica y que los colegios de abogados, la Defensoría del Pueblo y otras entidades deben actuar para impugnar esta normativa ante el Tribunal Constitucional.
