Cambios clave en compras públicas: Transparencia, digitalización y profesionalización
El gerente general de Administración del Gobierno Regional, José Luis Llanos Arrieta, explicó los alcances y cambios introducidos por la nueva Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 22 de abril, y que forma parte de un esfuerzo por modernizar y transparentar los procesos de adquisición pública en el país. Según detalló, la normativa trae consigo la implementación progresiva de la Plataforma Digital de Compras Estatales (PLADICOP), que reemplazará al sistema CEASE y centralizará todas las adquisiciones del Estado, sin importar el monto involucrado. Llanos precisó que, aunque la ley ya está en vigencia, su aplicación plena aún está en proceso de implementación, con entidades públicas a la espera de ser designadas como pilotos por el nuevo Organismo Especializado en Contrataciones del Estado (OECE). “Lo que se busca con esta reforma es garantizar mayor transparencia, involucrando a más actores y mejorando la planificación de los procesos”, afirmó.
De CEASE a PLADICOP: hacia una digitalización completa
Uno de los cambios más significativos es la obligatoriedad de realizar todas las contrataciones públicas a través de la nueva plataforma PLADICOP. A decir de Llanos Arrieta, este sistema busca facilitar la participación ciudadana y de potenciales proveedores en los procesos, promoviendo la competencia y reduciendo la posibilidad de direccionamientos. El funcionario enfatizó que, incluso las adquisiciones menores a 8 UIT, que antes podían realizarse de manera directa, ahora deberán tramitarse en el sistema, lo que elimina prácticamente cualquier posibilidad de contratación directa salvo en casos de emergencia.
Especialización obligatoria del personal
Un aspecto clave de la nueva ley es la profesionalización del personal involucrado en compras públicas. A partir de ahora, todas las oficinas de logística deberán transformarse en Oficinas Especializadas de Compras Estatales (OECE), conformadas por profesionales certificados en contratación pública. “No importa si se trata de una municipalidad pequeña o una entidad grande, la ley obliga a contar con servidores certificados”, subrayó Llanos. Las certificaciones, según explicó, deben renovarse cada dos o tres años y están disponibles en niveles básico, intermedio y avanzado. Esta exigencia también impactará a los gobiernos locales con menor capacidad presupuestal, que deberán contratar personal calificado, sin excepciones.
Ventajas y desafíos
Si bien el espíritu de la norma apunta a la eficiencia y transparencia, Llanos señaló que aún es prematuro evaluar su impacto real. En su opinión, será necesario observar su funcionamiento en la práctica durante los próximos seis meses o un año. Entre los beneficios esperados figura una mayor planificación en la ejecución presupuestal. La norma exige a las entidades públicas identificar y clasificar sus necesidades contractuales con antelación, priorizando las más urgentes o complejas. No obstante, el funcionario reconoció que en la práctica, los altos volúmenes de requerimientos y la escasa planificación histórica podrían representar un reto para los gobiernos subnacionales.
Implicancias administrativas y críticas al “cuello de botella”
Consultado sobre si esta reforma resolvería las críticas comunes hacia las oficinas de administración —señaladas como “cuellos de botella” para el gasto público— Llanos respondió que cada entidad tiene su propia dinámica. “Decir que la administración es la responsable del retraso presupuestal es una simplificación. Hay regiones con alta ejecución que enfrentan las mismas reglas”, explicó. Añadió que existen múltiples factores que condicionan el ritmo de las contrataciones, desde la disponibilidad presupuestaria hasta el interés de los proveedores en trabajar con el Estado, especialmente en regiones alejadas.
Dato
El gerente Llanos Arrieta explicó que diversas profesiones como Derecho, Economía, Administración, Contabilidad e Ingeniería pueden desempeñarse en áreas de contratación pública, siempre que cumplan con la certificación correspondiente. Además, subrayó la necesidad de que todos los funcionarios, sin importar su cargo, conozcan la normativa de contrataciones, ya que cualquier área puede generar requerimientos que implican procesos de adquisición.
